– Por el presunto delito de peculado, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo
– Denuncia penal fue interpuesta por varios regidores de la Municipalidad de «Fernando Lores».
Así lo dispuso el fiscal Víctor Soco, luego de evaluar la denuncia penal puesta contra el alcalde Steven Pizango Arévalo, dando un plazo de 90 días para concluir con las investigaciones por los presuntos delitos de peculado doloso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, citando al alcalde para que declare el 15 de enero 2014 a las 3 de la tarde.
La denuncia fue interpuesta el último 3 de diciembre 2013, por los regidores: Karen Cortegano Pinche, Luis Guevara Huanaquiri, Mario Pérez Caballero, Jorge Hernández Ríos y María Fasabi de Napiama, quienes en cumplimiento de su labor fiscalizadora, detectaron que en julio del año 2011 la municipalidad licitó un motor generador de 50 KW para la localidad de «Puerto Miguel-Quebrada Yarapa», sin embargo este hasta la fecha no ha sido entregado.
Lo que se desprende de una inspección ocular desarrollada en ese lugar, cuyos moradores dijeron que jamás llegó el motor y que hace poco más bien llegó el alcalde Pizango Arévalo, a decirles que el motor se los iba a dar en cualquier momento porque ya estaba en el almacén municipal.
Agregando que incluso la empresa proveedora de hacer la entrega del bien a dicha localidad «Servicios Integrales A. Uriel EIRL», hizo llegar a la municipalidad las especificaciones del motor «fantasma». «El hecho constituye delito porque no está el motor por lo que se debe investigar al alcalde y sus funcionarios de confianza y miembros del comité especial de licitación, puesto que incluso en el Se@ce aparece como que la localidad «Puerto Miguel-Quebrada Yarapa», adquirió un motor generador de 50 KW», señalan los regidores.
Igualmente dan a conocer al fiscal que constantemente han venido pidiendo documentación municipal para ejercer su rol de regidores, mas nunca les ha sido alcanzada. Igualmente pidieron al burgomaestre sesión para declarar en emergencia administrativa a la municipalidad por un plazo de 90 días. «Esto con el objeto de hacer cambios, reformas y reorganización necesaria para optimizar sus recursos y funciones, respetando los derechos laborales del personal, adquiridos legalmente. También pedimos que se eliminen los cargos gerenciales en la municipalidad, desactivándose la burocracia que se da en la oficina de coordinación de Iquitos. Esos funcionarios deben prestar sus servicios en la jurisdicción de Fernando Lores», precisaron en la denuncia.
