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FEMA Maynas logra condena de cuatro años por tráfico ilegal de madera

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  • Sentencia busca reforzar la lucha contra los delitos que afectan los recursos forestales en Loreto.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas consiguió que el Poder Judicial emita una sentencia condenatoria contra Abilio Córdova, al hallarlo responsable del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables. El proceso judicial culminó tras varios meses de investigación, en los que se reunieron pruebas documentales, testimoniales y periciales que demostraron la participación directa del sentenciado en actividades ilícitas vinculadas a la explotación de madera sin autorización.
El fallo fue dictado por el Segundo Juzgado Unipersonal de Maynas, que impuso una pena privativa de libertad de cuatro años y tres meses. Asimismo, Córdova deberá pagar una reparación civil en favor del Estado, como resarcimiento por el daño ocasionado al patrimonio natural, y cancelar los días multa que establezca la autoridad judicial. La sentencia constituye una advertencia clara para quienes continúan realizando actividades de tala y comercio ilegal en la región.
De acuerdo con la investigación fiscal, el condenado habría participado en el transporte y comercialización de madera extraída sin contar con los permisos forestales correspondientes, infringiendo la legislación nacional que regula el aprovechamiento sostenible de los recursos. Estas acciones provocan la degradación de los bosques amazónicos, generan pérdida de biodiversidad y contribuyen al avance de la deforestación, un problema ambiental que preocupa tanto a nivel local como global.
La FEMA Maynas señaló que este resultado judicial es el reflejo del trabajo articulado entre fiscales, peritos forestales y autoridades competentes, quienes unieron esfuerzos para frenar la cadena de delitos que afecta a los recursos naturales. Recordaron que el tráfico ilegal de madera no solo implica un perjuicio económico al Estado, sino que también incentiva a redes criminales que operan en zonas vulnerables de la Amazonía, muchas veces vinculadas a otras actividades ilícitas.
El Ministerio Público reiteró que continuará desarrollando operativos de control, inspecciones y procesos penales contra quienes atenten contra el medio ambiente. Además, hizo un llamado a las comunidades y a la ciudadanía en general para denunciar cualquier actividad sospechosa de tala, transporte o comercio de madera sin respaldo legal, a fin de facilitar la actuación oportuna de las autoridades.
Con esta sentencia, las autoridades buscan sentar un precedente judicial que disuada a otros de incurrir en prácticas similares. Asimismo, resaltaron que la protección de los bosques amazónicos es una tarea que requiere compromiso de todos los sectores, pues de su conservación depende la calidad de vida de las futuras generaciones y el equilibrio ambiental del planeta.
(K. Rodriguez)

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