-El Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones exige a los partidos políticos y movimientos regionales respetar los compromisos del Pacto Ético Electoral que han suscrito de manera voluntaria, y así evitar que la campaña electoral siga siendo empañada por los insultos y agresiones de los candidatos de las distintas agrupaciones políticas.
«Hacemos una exhortación a las organizaciones políticas y candidatos suscribientes del Pacto Ético Electoral a cumplir con el compromiso asumido de llevar a cabo una campaña electoral alejada de los agravios y ataques personales, pues se atenta contra la democracia y se socava el camino trazado por el Jurado Nacional de Elecciones para el actual proceso electoral, de centrar la campaña en el debate de ideas y planes de gobierno», dijo el JNE en un comunicado.
Como se recuerda, los partidos políticos y movimientos regionales suscribieron recientemente el Pacto Ético Electoral y se comprometieron ante la ciudadanía y el país, a llevar a cabo una campaña electoral alturada.
Asimismo, las organizaciones políticas se comprometieron a presentar candidatos transparentes, elaborar planes de gobiernos viables, rendir cuentas claras sobre el financiamiento de sus campañas y participar de un debate electoral que permita al elector emitir un voto informado, sustentado en la elección de programas y planes de gobierno de los candidatos.
Finalmente, hacen de conocimiento de la opinión pública que la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, tipifica una serie de delitos electorales que son sancionados con pena privativa de la libertad, entre ellos los contemplados en sus artículos 389° y 390°, que establecen sanciones penales:
«Por hacer propaganda electoral, cualquiera sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o cuando se atente contra la ley, las buenas costumbres, o se agravie en su honor a un candidato o partido», añade el documento.
Asimismo, «por destruir, en todo o en parte, o impedir u obstaculizar la propaganda electoral de un partido o candidato». En ese sentido, corresponde al ministerio Público investigar y denunciar cualquier delito electoral producido durante los procesos electorales, así como atender las denuncias de los 91 Jurados Especiales Electorales instalados a nivel nacional, producto de su labor fiscalizadora.
