Un total de 76 mil 408 de funcionarios inmersos en actos de corrupción detectados en el 2022, están en el ojo de la Contraloría General de la República, a quienes en los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron las barbaridades que de pudieron encontrar, cuando se desempeñaban en cargos públicos de responsabilidad de movimiento económico.
Una de las figuras para consumarse el acto de corrupción fue el presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso, de montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributaria. Se han movido más de 9 mil 250 millones de soles de las arcas del Estado peruano. Y con lo robado parece se “defienden”, por lo que la corrupción ha ganado mucho terreno.
Esto es una alerta para las actuales autoridades y sus funcionarios, pero si las acciones que está tomando actualmente la Contraloría, contra los ex funcionarios, porque estamos hablando del final del periodo pasado (2022), queda en nada, sí que se seguirá “legalizando” el robo a los dineros públicos, que deja con el sinsabor a millones de peruanos honestos.
Otra de las modalidades detectadas por la Contraloría fue que en el 2022 se contrató a 8441 consultores, donde se gastó más de S/ 123 millones, pero en más del 90% del tiempo de realización de las consultorías estaban fuera del país. También están los expedientes técnicos que se habrían hecho como “deporte”, son los secretos a voces, pero las entidades auditoras del Estado actúan con mucha lentitud, se tendría que ver un mecanismo de celeridad, pensando en el pronto recupero de lo robado.
En su informe dado hace unas horas la Contraloría también señala que en los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022 figuraron 198 entidades públicas que registran puntajes altos y muy altos en niveles de corrupción. Y los sectores que comprenden los tres niveles de gobierno que resultaron más perjudicados por la corrupción son: Transporte, Educación, Salud, Vivienda e Interior.
El contralor general, Nelson Shack, detalló que, de las 198 entidades públicas con niveles altos y muy altos de corrupción, según los indicadores analizados en el INCO 2022, el 38.4% corresponden al nivel del Gobierno Regional, el 37.9% son del Gobierno Local y el 23.7% son del Gobierno Nacional. “El Sistema Nacional de Control ya tiene las instrucciones y tiene que mirar eso para saber qué pasa con esas entidades”.
¿Qué pasa? Necesitan una reestructuración y que se apliquen las sanciones de ley no sólo con los trabajadores de paso de las gestiones, sino, de planta que se prestan para los delitos de corrupción. Si sólo va quedar en el informe del escándalo, nada habremos hecho por el país y por el presente y futuro de nuestros hijos e hijas, y ciudadanía en general.
Ex funcionarios en el ojo
