- Procurador anticorrupción presentó denuncia ante el Ministerio Público
El procurador público anticorrupción descentralizado del Distrito Judicial de Loreto, abogado Dadky Pérez Panduro, el miércoles en horas de la tarde presentó denuncia contra Miguel Vásquez Gonzáles, alcalde de la Municipalidad Distrital de Trompeteros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, en contra del Estado peruano.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Loreto indica que el 27 de febrero del 2015 la empresa Pluspetrol abonó a la cuenta No. 0521-019611 del rubro 08 de impuesto predial S/. 280,966.00 y con fecha 03 de marzo del 2015, Pluspetrol depósito en la misma cuenta S/. 370,966.00 haciendo un total de S/. 691,952.00.
La anomalía en este hecho está en que los ex funcionarios no registraron este abono en el Sistema integral de Administración Financiera SIAF, además el dinero fue retirado posteriormente por los ex funcionarios.
Los presuntos implicados en este ilícito caso son los ex funcionarios de confianza de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, quienes, al parecer, también por presuntos malos manejos, fueron separados del cargo en el mes de junio del 2015. Al ingresar los nuevos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, hicieron su primer balance y encontraron indicios de manejo irregular de fondos públicos. Además no respondieron a la solicitud hecha por el procurador anticorrupción.
El alcalde de Trompeteros desde que inició su gestión realiza su labor siempre en apoyo a las comunidades de su jurisdicción, a quienes los visita constantemente, estando muy pocos días en la oficina de coordinación, por lo que hace presumir que los que estarían inmersos en este delito son los ex funcionarios que laboraron hasta el mes de junio 2015.
El delito donde estarían inmersos los ex funcionarios es por peculado doloso y culposo que indica: «El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, o consiente que un tercero se apropie o utilice caudales o efectos públicos, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
La Procuraduría Anticorrupción, asimismo, está solicitando el allanamiento para recabar la documentación correspondiente y hacer las investigaciones del caso. (WGN)
