- Ante la jueza Erika Iberico Vega
Este viernes 12 de mayo de 2017, a las 8 de la mañana, en el despacho de la jueza Ericka Evanice Iberico Vega, del 2º Juzgado de Investigación Preparatoria, el fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota, participará en el marco de la audiencia denominada «Control de Acusación» sobre el caso de las «Motochatas».
Los hechos datan del año 2013 en relación a la Licitación 001-2013 para la adquisición de cuatro (04) Motochatas para el Gobierno Regional de Loreto, cuando ejercía la presidencia Yván Vásquez Valera.
Cabe señalar que la representación de la fiscalía anticorrupción acusa que Vásquez Valera en su condición de presidente regional de Loreto y titular del pliego habría tenido pleno conocimiento del proceso de selección de la Licitación Pública 001-2013 para la contratación de 04 motochatas fluviales.
En este proceso dicen habría tenido una participación indirecta y por ende injerencia en el citado proceso de selección, existiendo indicios razonables que el imputado ex presidente del Gorel, tuvo una participación de manera indirecta en la contratación de la adquisición de cuatro motochatas.
Una evidencia de ello es que no se tomó en cuenta las diversas cartas que los postores le hicieron llegar dándole a conocer de las presuntas irregularidades que existían en el proceso de selección; teniendo en cuanta que a través de una resolución de nombramiento designó a los comités de selección.
También sobre la presuntas irregularidades se pronunció en ese entonces el ciudadano Ronald Enrique Queija Esteves, quien señalaba que antes que salga el proceso de licitación, la empresa ganadora ya había estado construyendo las motochatas. Como se sabe, esto fue corroborado por la Contraloría General de la República y por la Fiscalía Anticorrupción tras una diligencia de constatación.
Los imputados o acusados en este caso judicial son: Yván Vásquez, Aureo Jorge Roque Sánchez, Ramiro Alberto Ramírez Saavedra y Carlos Francisco Díaz Flores, con terceros interesados como: Edwin León Valverde Alcoser, Luis Alberto Ramírez Soto, Clarisa Janeth Díaz Tavares y Esthefanie Michel Villacorta Villafuerte.
Se les acusa de haber defraudado al Estado para que el Consorcio ATLANTIC INTERNACIONAL ASTILLEROS SELVA, obtuviera la Buena Pro de la construcción de las 04 motochatas.
Otro agravante es que solicitaron la construcción de las naves fluviales sin que los mismos hayan sido considerados en el Plan Operativo 2012 del Gobierno Regional de Loreto. Además que no habría contado con proyecto de inversión aprobado como sustento de la necesidad de adquirir las motochatas. Serán las autoridades fiscales y judiciales las que determinen las responsabilidades a que hubiere a lugar.
(Diana LM.)
