Dr. Edhín Campos Barranzuela
Tal como estaba previsto, la semana pasada se oficializó la declaratoria del estado de emergencia en todo Lima y la provincia Constitucional del Callao, por un periodo de 45 días.
El nuevo texto normativo, materializado a través del Decreto Supremo 012-2022-PCM, establece que la Policía Nacional de conformidad con la Constitución Política del Estado, mantiene el control interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
De la misma forma, se regula el uso de la fuerza de ambos institutos dentro del territorio patrio, respetando los derechos constitucionales y garantías procesales de los ciudadanos.
En tal sentido, es importante precisar que una declaratoria de estado de emergencia, se autoriza cuando existe perturbación de la paz social y el orden interno y lleva consigo la suspensión de algunos derechos constitucionales relativos a la la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio.
De la misma forma, importa también la intervención de los tres institutos de las fuerzas armadas para coadyuvar en el trabajo de prevención e investigación asignada a la Policía Nacional y servirá como agentes disuasivos para evitar la comisión de hechos punibles, sobre todo en zonas consideradas “ rojas “ y comisión de alto porcentaje delictivo.
Actualmente, se viene viviendo en el Perú alarma, zozobra y terror por el incesante incremento de la ola delictiva, estas cifras se ven incrementadas por la migración venezolana y además por la constitución de nuevas bandas y organizaciones criminales, lo que demuestra que nos encontramos viviendo en tiempos violentos.
No cabe duda, que estamos tocando fondo, pues a aparte de los problemas sanitarios por la terrible tercera ola y la situación económico social, otro de los principales problemas que tenemos es la grave inseguridad ciudadana.
Debido a la caótica situación que vivimos, la propia Policía Nacional comenzará a diseñar un plan de emergencia para la realización de permanentes operativos e ingresar a las viviendas sin permiso judicial, siempre y cuando las unidades de inteligencia hayan definido un mapeo de la comisión de diversos delitos en esa zona.
En tal sentido, esta nueva modalidad de trabajo policial se iniciará con patrullaje motorizado, vehicular y peatonal, así como también la realización de operativos, en donde estarán solicitando un control de identificación a todas las personas, para poder tomar conocimiento si tienen antecedentes penales, judiciales y policiales, lo que probablemente ocasionará malestar en cierto sector de la población, empero algo se tiene que hacer, pues la ola delictiva, realmente es muy preocupante.
De lo que se trata, es que se debe intervenir a las bandas y organizaciones criminales que hoy pululan por toda la ciudad y a decir de los diversos estudios jurisprudenciales realizados por el magistrado Víctor Prado Saldarriaga, las organizaciones criminales tienen las siguientes características:
Tienen una estructura de configuración piramidal.
tienen un mando central con capacidad decisoria.
Presentan un complejo grado de organización.
Existe estabilidad y permanencia.
Su objetivo central es el beneficio económico.
Actualmente, la mayor cantidad de hechos punibles, se perpetran en una moto lineal o mototaxi y normalmente se ha podido advertir que los facinerosos actúan en pareja, a mano armada y están dispuestos a todo, si se opone resistencia a sus ilícitas actividades.
Durante estos últimos días, ha aparecido una nueva modalidad delictiva, esto es que los facinerosos cometen delitos contra el patrimonio en manada, es decir un grupo de hampones en la calle que roban todo lo que encuentren a su paso, es algo así como las barras bravas, que aprovechándose de la cantidad de personas, arrebatan a sus víctimas celulares, carteras, cartucheras, dinero, tarjetas de crédito, ropa, etc.
Esta nueva modalidad, se realiza en cualquier hora y se aprovechan del tumulto y de la rapidez de sus actos para cometer sus fechorías, de tal manera que cuando llegan los efectivos del serenazgo o la Policía Nacional ya no se encuentran y solo se puede contar, si es que hubiere con el registro fílmico.
A partir de la fecha, se tienen 45 días para poner en funcionamiento un Plan Nacional de prevención, investigación y sanción contra toda modalidad delictiva existente en el país, pues las cifras van en crecimiento y nada denota una disminución en su cometido, es por ello que es urgente que los representante del Consejo de Estado, que involucra a los 03 presidentes de los poderes del Estado, cumplan con hacer respetar las políticas públicas relacionadas con el combate a la delincuencia y criminalidad organizada existente en el país.
En consecuencia, urge replantear políticas de Estado, para controlar la delincuencia en todas sus modalidades y que se verifique los antecedentes penales, policiales y judiciales de cada persona, se realice un exhaustivo control de identidad para verificar a personas requisitoriadas y ponerlas a buen recaudo, pues muchas de ellas se encuentran con orden de ubicación y captura y en muchos casos, son las causantes de este preocupante malestar delictivo.
