- Petroperú reporta millonarias pérdidas y daños a equipos mientras el Gobierno central guarda silencio.
Petroperú vuelve a cargar con las consecuencias de la débil articulación del Estado en zonas de conflicto. Esta vez, la Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicada en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, fue liberada tras haber permanecido ocupada durante 61 días por comunidades nativas y organizaciones indígenas que exigían atención del Gobierno central.
Según informó la empresa estatal, la ocupación dejó daños materiales considerables y el robo de equipos logísticos, generando pérdidas millonarias. Esta situación se suma a los constantes ataques que ha sufrido el ONP en los últimos años, entre ellos recientes derrames de crudo provocados por cortes intencionales en el ducto.
Tras la recuperación de la estación, representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú realizaron una inspección en la zona para verificar el estado de las instalaciones. En el recorrido se confirmó la desaparición de computadoras, cámaras de videovigilancia, impresoras, televisores, antenas parabólicas, congeladoras, colchones, herramientas, medicamentos, equipos de laboratorio y hasta uniformes de protección contra incendios.
Asimismo, se detectó un faltante de combustible almacenado en los tanques de la estación, lo que hace presumir que fue sustraído durante la ocupación. Las autoridades no han informado aún si se abrirán investigaciones penales por estos hechos, aunque Petroperú ha documentado todo el inventario afectado.
La empresa precisó que la toma de la Estación 5 formó parte de una medida de presión impulsada por las comunidades para exigir financiamiento de proyectos de inversión pública en la región, demandas que, según Petroperú, no forman parte de su competencia. A pesar de ello, fue la empresa la que asumió las pérdidas, mientras el Ejecutivo continúa sin pronunciarse sobre el conflicto.
Actualmente, Petroperú ha iniciado labores de limpieza, evaluación técnica y adecuación de la infraestructura para permitir el retorno seguro del personal y la reactivación gradual de las operaciones. La empresa reiteró su llamado al Estado para asumir un rol más activo en la prevención de conflictos y garantizar la integridad de los activos estratégicos del país.
(K. Rodriguez)
