La responsabilidad de la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas – PNAT recae sobre las instituciones del Estado en el ámbito nacional, regional y local, así lo viene resaltando la organización CHS; a través de Reporte alternativo.
En este sentido, explican que la reglamentación de la Ley de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes constituye un paso importante en la institucionalización de la lucha contra este delito. Algunos de los avances de esta norma se concretizaron en acciones como la incorporación dela PCM en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; o el debate del Plan de Reintegración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; entre otras acciones relevantes.
Al fortalecer la base normativa y el trabajo multisectorial se da un paso hacia la articulación institucional en todos sus niveles, además de generar los espacios para disponer de las herramientas que los gobiernos locales y regionales necesitan para asumir sus roles en la lucha contra este delito, como el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas que estandariza los procedimientos en las instituciones públicas del gobierno nacional, regional y local, para proveer programas y servicios vinculados con este delito.
Consideran importante el trabajo que se realiza en regiones donde la incidencia de casos de trata de personas es elevada, destacaron en lo que va del año regiones como Moquegua, que recientemente reactivó la Comisión Regional contra la Trata de Personas, asumiendo el compromiso para promover espacios de protección a víctimas comprometiendo la participación de instituciones públicas y privadas. (MPR)
