Por: Alejandro Cussiánovich*
Sería maquiavélico, y por ello injusto, señalar que los aciertos en políticas públicas dirigidos a la población descaradamente carenciada, son apenas cortinas de humo frente a políticas económicas y laborales concesivas al gran capital, a las empresas extractivistas y a la industria de medicamentos, así como de contención a la sostenida presión salarial de los trabajadores. Y, más recientemente, la política de contacto controlado o planificado con las poblaciones en aislamiento voluntario y sus consecuencias, probadas ya en otros países, sobre la natalidad, la mortalidad infantil y la salud física y mental.
Y es que, como dice Paul Martin, representante de UNICEF en el Perú, las políticas públicas son en irrenunciable primer lugar, cuestión de la ciudadanía, cuestión del público, no sólo del Estado y sus expertos. Si bien en el imaginario colectivo predomina aún la idea de que aquéllas sean paradójicamente el rostro amable y sensible de una sociedad profundamente indolente, el modelo macroeconómico no es reducible a políticas sociales, y que en el fondo mantienen su carácter remedial, compensatorio, más allá de reales logros en algunos aspectos.
Y es que sin diversificación productiva, no podrá sostenerse en el tiempo la inversión que suponen políticas de soberanía alimentaria, de combate a la anemia y la erradicación de la pobreza extrema. La primera infancia, si bien ha sido prioridad para la actual administración política, a nivel de gobierno central y gobiernos regionales, encara el déficit acumulado en materia de salud preventiva y curativa, y en educación inicial. Los avances del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en programas sociales que son su responsabilidad, ofrecen un referente estimulante, aunque siguen expuestos a los estragos cíclicos del modelo macroeconómico que genera y embalsa vulnerabilidad y riesgos graves para el conjunto de poblaciones empobrecidas y para las que estadísticamente superaron la línea de la pobreza, pero que enfrentan la tendencia a retornar a situaciones de vida que se creían definitivamente superadas. Y como señala Carlos Monge en entrevista publicada en este blog, los gobiernos -nacional y regionales- no están preparados para revertir estos probables escenarios. Podemos imaginar el impacto para las familias, para las nuevas generaciones, de una real amenaza a sus legítimas expectativas de vida en justicia y dignidad. Son subjetividades profundamente heridas desde el alba de la vida.
Sin lugar a dudas, todo parece indicar que ha habido un serio esfuerzo en estos años por evitar que los programas sociales para la inclusión -muy en especial los que atienden a la primera infancia, los que buscan atender la salud y algunos esfuerzos en educación- sean parte de estrategias manipulatorias partidarias, poniendo el acento más bien en aspectos técnicos; ello, no obstante, no significa que no haya habido errores técnicos, como el de suprimir alimentos y la papilla a los niños menores de 3 años o que se hayan producido filtraciones en programas sociales que desvirtuarán las metas a lograrse, como, acertadamente, años atrás, señalara Vázquez en estudios sistemáticos al respecto.
Cabe anotar el rol altamente significativo de municipalidades en regiones rurales o con fuerte ruralidad, en la Sierra como en la Amazonía que vienen cumpliendo un papel encomiable de preocupación real frente a los desafíos de la primera infancia y los niños, niñas y adolescentes. En efecto, el mundo de los y las adolescentes constituye una prioridad en vistas a garantizar la continuidad de los esfuerzos e inversión hechos en la primera infancia. Pero además por lo que ello implica como aporte a la gobernabilidad, a la democracia y al afianzamiento de una aún incipiente cultura democrática desde la base, desde las nuevas generaciones. La propia y contundente reacción frente a la “Ley Pulpín”, como la bautizaran los muchachos, debe ayudar a comprender que hay signos innegables de una generación con pensamiento divergente, con energías saludables. Es decir, dispuesta a ser parte de la inclusión social, pero no en condición de asistidos, de ciudadanos despojados de derechos y capacidad innovativa.
Ello refuerza lo que tanto Gastón Garatea como María Watson y Paul Martín dijeran, en un reciente programa de Diálogo Abierto de Salgalú TV Online (www.salgalu.tv), respecto al enfoque de derechos humanos como un factor insoslayable en toda lucha por una vida en dignidad y justicia que permita afirmar la necesidad de asistencia y combatir el asistencialismo.
Y es que no sólo nuestros niños padecen aún desnutrición y anemia, sino que les toca crecer en un contexto en el que la corrupción es la anemia ética que arrastra anomia social y que deberán contribuir a erradicar, en un modelo macroeconómico profundamente autoritario que no garantiza ni felicidad ni paz. De allí que convenga recordar que no es tanto qué mundo le vamos a dejar a los niños y niñas de hoy, sino fundamentalmente que calidad de niños y niñas le vamos a dejar a un mundo que requiere que hagamos realidad que otro mundo es posible.
