Como un recuento de lo que pasa en el contexto de hidrocarburos, el economista Roger Grández, nos sorprende con una nueva entrega: “Los precios internacionales del petróleo crudo arrastrado por la paralización de las actividades económicas en el mundo provocada por la pandemia del Covid-19 (y su resistencia)”.
Esto “sumado a los conflictos sociales en el circuito petrolero (toma de la estación 5 y protestas con pérdidas de vida humanas en el Lote 95), va germinando en sus primeros resultados: la producción diaria de petróleo crudo paso de 16 mil barriles diarios en el 2019 a 10 mil barriles diarios en lo que va del 2020”.
De esta producción “el Lote 95 (la única empresa en estado operativo) representa el 60 por ciento de la producción de Loreto, retrotrayendo su actividad (en el campo Bretaña) al 50 por ciento de su capacidad de producción.
Estos conglomerados de problemas en el territorio petrolero están poniendo en jaque la industria petrolera asentada en Loreto, por sus implicancias de sus inversiones comprometidas a largo plazo en un entorno incierto a corto plazo, y con la amenaza de nuevos rebrotes de conflictividad social en el Lote 95 y paralización en la Estación 5, sin ellos el petróleo producido (y almacenado) en el campo Bretaña no encuentra justificación económica ni financiera.
Hoy la operadora del campo Bretaña (Lote 95), PetroTal Perú se encuentra en busca de una línea de crédito para mejorar su debilitada liquidez. En el caso el Lote 8 operada por Plus Petrol desde 1996, y los sucesivos conflictos en su área de influencia y en la Estación 1 ocurridos desde el 2019, terminaron por acogotar sus pretensiones y cumplimiento de contrato que se vencía en el 2024.
Hoy, el PAAP (pueblos afectados por la actividad petrolera) también presenta su propia agenda, y cuya organización se le reconoce por su persistencia en el reconocimiento de un Plan Post Petróleo desde hace 5 años atrás, y que el gobierno nacional lo llama ahora Plan Cierre de Brechas (PCB), concebido por un valor de S/6 mil 200 millones (DS N°145-2020- PCM) en inversiones.
Esta agenda tiene su principal punto de negociación en el establecimiento de un fideicomiso indígena representado en el proyecto de ley 6650 por iniciativa del congresista Acate, y argumentada por los técnicos del PAAP.
Su aprobación va contraer un factor condicionante del Estado: garantizar la PAZ SOCIAL en el ámbito del circuito petrolero, y será difícil de cumplirse por los múltiples actores y clase dirigencial que manejan sus propias agendas (y sus propios intereses), los mismos que escapan al entorno del PAAP. Una realidad con errores y temores.
