Encrucijada

Como parte de la ciudadanía peruana, estamos en permanente análisis de los acontecimientos políticos que van sucediendo en torno al gobierno central y el Congreso de la República, y comprenderán queridos lectores que sentimos que nuestra situación como país está muy complicada.
Y cuándo de más hechos pasados y presentes ligados a la corrupción nos enteramos, más nos convencemos de que mediante el proceso que estable la democracia tiene que cambiarse a todos los que en estos momentos gobiernan el país. Para nosotros los ciudadanos es una ofensa que todo siga igual.
Estamos hablando de la Presidencia de la República y del Congreso de la República, y más ampliado aún del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Qué confianza puede seguir habiendo cuando las evidencias sobre sus vínculos con actos graves de corrupción en torno al tema Odebrecht, están dándose a través de los ejecutivos de esta empresa brasilera.
Y además de todo lo que se va sabiendo el politólogo Alberto Vergara, a través de un artículo suyo en el diario La República, nos ha recordado, por ejemplo, “que en el Congreso anterior (2011 – 2106) el congresista Juan Pari realizó un excelente informe de investigación sobre la actuación de las constructoras brasileñas en el Perú”.
En ese entonces “los congresistas de todos los partidos decidieron que se engavetara”, de que se quede guardado el informe. Es obvio que protegieron a sus líderes y agrupaciones políticas. No les importó el perjuicio a la ciudadanía peruana, ni el grave daño al desarrollo del país cuyos índices de extrema pobreza siguen siendo altos. No les importó profundizar las investigaciones.
Nos recuerda Vergara, que “solo adquirió actualidad cuando las justicias brasileña y norteamericana revelaron lo sucedido en el Perú. Algo similar ha ocurrido cuando se quiso fortalecer la unidad de investigación de delitos financieros del poder judicial o al fiscalizar las “donaciones” a las campañas (políticas electorales).
Entonces han perdido la autoridad moral todos. Y la situación se agrava más con la resolución legislativa que ha sacado el Congreso de la República y que de acuerdo a los especialistas lo que buscan los congresistas actuales es bloquear al Ejecutivo y no pueda disolver el Congreso. Pero, además este acto resolutivo atropella la Constitución, por lo que se espera tras un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, lo revierta.
Es notorio que estamos en una encrucijada, donde quienes tienen que conducir el destino correcto del país, están involucrados en hechos no solo incorrectos, sino ilegales y nocivos para los intereses ciudadanos. Es por eso que el poder ciudadano tiene que hacerse respetar en el marco de las herramientas democráticas. Estableciéndose un proceso lo menos traumático posible de cambio de las autoridades en general.