- Delito y su juzgamiento serán debatidos en el próximo Pleno Jurisdiccional Nacional Penal 2025, en Iquitos.
El testimonio de esta gran cantidad de víctimas (en estadísticas de la Defensoría del Pueblo, 2022) sirve como prueba crucial ante la justicia, y debería ser recabado mediante entrevista única en una Cámara Gesell. Sin embargo, casi todas las provincias de este vasto departamento (el más grande del país) carecen de dicha instalación como de los profesionales, siendo un grave obstáculo para el sistema de justicia.
Exceptuando los casos de flagrancia, la mayoría de agraviados por violencia en Loreto son entrevistados tardíamente en Cámara Gesell; incluso, tras varios meses de espera, y con el riesgo de que su agresor u otras personas las aborden e interfieran en su testimonio.
Los jueces están llamados a resolver estos procesos que demandan una justicia oportuna. No obstante, suelen toparse con la falta o deficiencia de pruebas testimoniales que debieron ser recopiladas en la citada cámara, entre otras actuaciones con falencias, ejecutadas por los demás entes del sector justicia.
Entonces, ¿cómo administrar justicia en este escenario? ¿Qué criterios debe considerar un juez?
“Uniformizar los criterios con la realidad de cada distrito judicial”, se expresó en una de las intervenciones.
Otra de ellas enfatizó: “El Código Penal se resume en hallar la verdad de los hechos, y los hechos deben estar acreditados”.
Ante tal dificultad, se precisa la realización de plenos jurisdiccionales. Estos espacios congregan a jueces de la especialidad para examinar y concluir propuestas respecto a problemáticas frecuentes relacionadas al ejercicio de la administración de justicia.
De esta manera, se determinan criterios para una jurisprudencia uniforme que hacen previsibles las decisiones judiciales, y proporcionan seguridad jurídica a la sociedad.
Con la temática de procesos de violencia, cámara Gesell y prueba anticipada, los jueces penales de la Corte de Loreto iniciaron una reunión de trabajo donde se eligieron cuatro temas centrales para debatir en el próximo pleno jurisdiccional penal a realizarse en Iquitos, y que convocará los aportes de jueces de otras regiones del país.
El fin último es coadyuvar a una mejor justicia, con especial atención, a casos que afectan a grupos en vulnerabilidad.
