Por: Héctor Minguillo Chanamé
Los administradores de turno del Estado peruano, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, atentan una vez más contra la Amazonía. El pasado 4 de julio fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N° 32700, ley que fortalece el sistema de irrigación en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, La Libertad y Piura, y promueve el proyecto Tinajones II mediante el afianzamiento, represamiento y trasvase de las aguas del río Marañón.
Los actuales administradores del Estado siguen pensando como quienes nos gobernaron en siglos pasados, época en la que la Amazonía era vista como una simple proveedora de materia prima para los grupos de poder capitalista. El mejor ejemplo fue la era de la explotación del caucho en nuestros territorios: un proceso de extracción que significó esclavitud y muerte para las familias de los pueblos originarios que habitaban y aún habitan nuestra Amazonía.
Esa materia prima, requerida para el desarrollo industrial y la fabricación de neumáticos, dejó una huella trágica que jamás debemos olvidar. El desarrollo de la sociedad no puede seguir basándose en la destrucción de nuestros recursos naturales ni de nuestros bosques, pues ello acelera el cambio climático global y afecta la supervivencia de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos.
Para las autoridades nacionales, regionales y locales, el Estado de derecho parece no existir, y la promulgación de la Ley N° 32700 lo demuestra. En este caso concreto, estos funcionarios no están enterados o no quieren reconocer— que el río Marañón es Titular de Derechos.
Señores del Gobierno nacional: lean la Resolución N° 31 del 29 de agosto de 2024, emitida por la Corte Superior de Justicia de Loreto, la cual reconoce al río Marañón y a sus afluentes como sujeto de derechos. Como tal, el río posee:
El derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable.
El derecho a brindar un ambiente puro y a fluir libre de contaminación.
El derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes.
El derecho a la biodiversidad, a la restauración y a la regeneración de sus ciclos naturales.
El derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas, las cuales el Estado está obligado a proteger legalmente.
Quienes han promulgado esta ley no tienen la menor idea de cómo funcionan los ecosistemas amazónicos. Mucho menos recuerdan que en septiembre de 2024 el río Amazonas el más caudaloso del planeta sufrió una sequía sin precedentes en Loreto, quedando innavegable debido a los impactos del cambio climático. A esto se suma el anuncio del fenómeno de El Niño, que se traducirá en más sequías para la Amazonía e inundaciones en otras regiones del país.
El capital financiero dominante actúa únicamente en función de sus intereses, buscando que países como el nuestro continúen siendo meros abastecedores de insumos para las potencias desarrolladas. Hoy Loreto prácticamente no produce alimentos para sostener a sus distritos y provincias, dejando el mercado a merced de monopolios alimentarios.
Esta situación, sumada a la falta de voluntad política para respaldar la agricultura local, profundizará el daño ecológico en nuestros cursos de agua si los loretanos no hacemos respetar el Estado de derecho. Las consecuencias afectarán con mayor severidad a los habitantes de nuestras riberas y cuencas.
Esta ley no busca el desarrollo del país; por el contrario, beneficiará a las transnacionales y a sus socios locales que explotan tierras agrícolas mediante monocultivos masivos y gozan de exoneraciones tributarias que sí se les exigen a las grandes mayorías.
Los loretanos debemos recordar que esta intención de sacrificar la Amazonía no es nueva. En 2008 se intentó promover el denominado Proyecto Corina con voceros como Moisés Panduro Coral, el cual encontró una fuerte resistencia ciudadana, en la que tuve la oportunidad de participar. Años más tarde, al culminar el segundo gobierno de Alan García en julio de 2011, se promulgó la Ley N° 29760, que declaraba de necesidad pública e interés nacional el trasvase del río Marañón y la derivación del río Huallaga. Afortunadamente, dicha norma fue derogada en octubre del mismo año mediante la Ley N° 29791.
Este nuevo intento de trasvase agrava aún más la crisis ambiental que padecemos en Loreto por la contaminación con mercurio a causa de la minería en las cuencas de los ríos Nanay, Putumayo, Napo y el propio Marañón. Las autoridades deben comprender que las leyes, acuerdos y convenios firmados por el Perú deben cumplirse en beneficio de la vida y de las poblaciones que habitamos este territorio.
Por todo ello, el Comité de Defensa del Agua de Iquitos, en coordinación con diversas organizaciones y ciudadanos, ha convocado a una MOVILIZACIÓN en defensa del agua y de la Amazonía para este 26 de agosto. Esperamos que se escuche la voz de la región y se derogue esta ley que pone en riesgo la salud, el territorio y la convivencia de nuestras comunidades.
