- Expresó el Abog. Juan Carlos Ruiz, profesional de IDL que defiende los derechos de los pueblos de Cuninico afectados por derrame petrolero en el año 2014.
- Ayer se desarrolló importante audiencia que contó con testimonios desgarradores de madres indígenas.
Quienes narraron al juez Sergio Del Águila Salinas, lo perjudicial que está su salud desde que se originó el derrame del año 2014 y que hasta la fecha no han sido atendidos. Cuninico, cuenta con una pequeña planta de agua, los tres otros poblados, no.
Sienten cómo sus esposos e hijos, cada día ven afectada su salud por consumir agua y alimento contaminado. Uno de ellos mostró una foto en su celular, donde se vio lo terrible de afectación en la piel de un morador de la zona.
En un receso de la audiencia se pudo dialogar con el abogado de IDL Juan Carlos Ruiz, quien viene defendiendo a las comunidades afectadas, desde hace años.
“El derrame fue en junio del año 2014, se vertieron al río más de 3 mil barriles de petróleo. En setiembre 2015, OEFA dijo que en el lugar (Cuninico) no hubo sabotaje sino falta de mantenimiento. En junio de 2017 se dio la medida cautelar aprobada por la jueza Beatriz Velásquez Condori, mandando que se atienda la salud de los pobladores. Una medida cautelar aun cuando se apele, se debe cumplir.
En setiembre 2017 la jueza saca sentencia en primera instancia. En febrero 2018 la sala civil confirma la sentencia. Han pasado 5 años desde el derrame, 2 años de la cautelar y 1 año desde que la sala ordena a que presten atención a su salud.
En el año 2018 hubo audiencia donde ellos (dirección de salud) dijeron que habían hecho un plan integral de salud. Pero ahí no se les mandaba a que vayan atenderlos, sino que identifiquen quiénes eran los afectados por el derrame y no lo habían hecho. Cuando la jueza se iba a pronunciar, la cambiaron.
Ahora en la audiencia se ha dicho que ya cuentan con un presupuesto aprobado por el MEF. Eso es una decisión buena. En un juicio de amparo lo importante no es lo punitivo sino lo restituido, la finalidad de nosotros no es castigar a nadie, sino que se restablezca el derecho, que se atienda a la gente afectada.
El juez no quiere retórica, ha quedado claro que hay presupusto. Él se ha dado cuenta que hay compras y adquisiciones inoficiosas, pero atención a la gente no hay. Él dice hazles el dosaje a cada uno.
En una semana debe estar pronunciándose. El trabajo del juez no acaba con la sentencia, sino hasta que se restablezca el derecho, el juez lo ha entendido claramente y va a hacer el seguimiento a la ejecución del plan de atención integral para esas comunidades. Es un juez pro activo”, remarcó el abogado de IDL.
