El ministerio público y la investigación

Por: Aldo Atarama Lonzoy

Desde un plano puramente político criminal, los órganos de persecución y de juzgamiento están obligados a promover la acción de la justicia penal, de juzgar y sancionar a quienes con su conducta antijurídica vulneran  o ponen  en peligro bienes jurídicos penalmente tutelados. Este es el elemento esencial que debe regir en los operadores jurídicos  para generar confianza en la sociedad.

El nuevo Código Procesal Penal que ya está vigente en 16 distritos judiciales y próximamente en Loreto, es la herramienta que no sólo va a poner en vigencia un nuevo proceso penal, sino que  pretende armonizar los intereses individuales con la seguridad ciudadana que está puesta en cuestión en los últimos tiempos.

Reiteramos sin soslayar la figura del Juez, pero  debe quedar claramente establecido que en el nuevo proceso penal quien se convierte en el protagonista central, por que a partir de que es el responsable de la persecución penal, esta persecución debe hacerse con  todas las garantías que otorga la Constitución, es esto que nos dará la seguridad de que un delito se ha perseguido garantizando los derechos de las personas, pero sobre todo garantizando la aplicación de la Constitución y la Ley. Por eso y parafraseando a Cabrera Freyre este manifiesta que «En tal virtud, se afirma con corrección, que el principio acusatorio moderno está ligado fundamentalmente a la tarea y compromisos que el fiscal adquiere en la persecución del delito».

En el nuevo proceso penal el Ministerio Público es quien debe hacer la investigación del caso, de manera preliminar y también el la fase preparatoria, y durante todo el íter del proceso, (todo el proceso) ello por el mandato Constitucional, tiene como principal auxiliar a la Policía Judicial. Todo lo anterior deberá hacerlo respetando primero la Constitución Política del Estado y segundo la Ley, ello significa que deberá actuar con total objetividad, e imparcialidad, pues ello garantizará una persecución e investigación imparcial y objetiva, por supuesto incorporando medios probatorios suficientes, pertinentes, y que lleven a un correcto debate donde se decidirá si es inocente o culpable.

Por lo anteriormente mencionado debemos reiterar que se requiere hacer buenas investigaciones, con la finalidad de incorporar los medios probatorios que sirvan al debate para que el juez con toda propiedad, y después de un debate serio y alturado entre las partes, pueda emitir un fallo de acuerdo a los medios probatorios incorporados.

Siendo ello así, se define a la investigación preparatoria, como una etapa del proceso penal de vital importancia, en el cual se realizan y ejecutan una serie de actos de coerción y de restricción, sin embargo esta etapa del proceso es fundamentalmente para recoger y acopiar medios probatorios que puedan sostener, una posible acusación, y que se evaluará en la etapa intermedia donde se decidirá si es que existen suficientes medios probatorios que sustente la acusación y de haberlos se dará paso a un juicio oral, o en caso contrario de no haber la suficiencia de medios probatorios  se archivará la causa a través del sobreseimiento. Esto significa que el Fiscal debe estar debidamente preparado para llevar ante un juez suficientes elementos de incriminación o en su defecto si no tiene causa probable deberá solicitar el sobreseimiento. Esta es una actitud madura y organizada del Fiscal, no se puede continuar con el vicio de no tengo pruebas pero igual te acuso, para ver si en el debate aparecen medios de prueba que me permitan acusarte formalmente.

La investigación que realiza el Ministerio Público tiene por objetivo final reconstruir el hecho que es considerado delito, desde los diversos ángulos que se evalúe, lo que llevará ha hacer el juicio de tipicidad, autoría, participación, el contenido del injusto, circunstancias modificativas de responsabilidad, atenuantes y agravantes, entre otros. (Peña Cabrera Freyre). Por esta razón, la investigación se dirige a establecer la efectividad del hecho imputado, con todas las circunstancias de personas, cosas o lugares; identificar a los testigos del hecho investigado y consignar sus declaraciones y, en general, recoger todos los antecedentes que puedan servir para tomar la decisión acerca del curso de la persecución penal. (idem.)

Agregando a lo anteriormente señalado se tiene que el Tribunal Constitucional nuestro ha establecido en reiteradas sentencias que la acusación para ser tal debe contener los detalles del hecho imputado, es decir no puede ser genérica, que no se le puede involucrar a un sujeto de manera genérica, por que ello violaría el Debido Proceso en cuanto al Derecho a la defensa, ya que se está obstruyendo la misma, pues si no tengo hechos objetivos y concretos de qué me defiendo o cómo me defiendo.

En consecuencia es el Ministerio Público el que por mandato Constitucional asume la investigación criminal, y es auxiliado por la Policía Nacional, ello producto de la titularidad de la acción Procesal penal; sin embargo, y no obstante ello el Ministerio Público deberá actuar como promotor de la persecución penal, pero también garantizando la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, controlando y vigilando la actuación de la policía nacional.

Debemos establecer que ya existe ley sobre la intervención del Ministerio  Público y la policía nacional en la investigación tanto preliminar como en la investigación preparatoria, y donde evidentemente se articula con la función jurisdiccional, esto es que es el Juez, el que va a ejercer el control de plazos, y sobre todo de legalidad, y es el único que puede disponer de las medidas cautelares, esto significa que el fiscal ha de solicitar cualquier disposición de naturaleza jurisdiccional al juez de la investigación preparatoria.

Cabe recordar que el Ministerio Público es una institución independiente por mandato Constitucional y tiene el deber de  perseguir el delito, pero con imparcialidad y objetividad.

Esto se traduce en que si  de las primeras investigaciones se estableciera que existen medios de convicción de que el hecho punible se adecúa formalmente al tipo penal material en concreto, pero si el hecho no se adecúa formalmente al tipo penal en concreto – sea por cuestiones de atipicidad subjetiva o objetiva, o existen preceptos permisivos (causas de justificación) o causas supresoras legales de punibilidad, el agente fiscal deberá decidir por no formalizar la denuncia penal o, en su caso del Nuevo Proceso penal, no formalizar la investigación preparatoria.

Y como dice Roy Freyre, el principio de legalidad o de estricta legalidad, no debe ser entendida o interpretada de forma vertical, como que el persecutor público debe buscar la culpabilidad del imputado a toda costa y a todo precio. Definitivamente, esto de debe ser así, el principio de legalidad no debe ser entendido de una forma unilateral, pues este presupone el pleno respeto a los principios informadores del Derecho Penal material (lesividad, culpabilidad, proporcionalidad, resocialización etc.), ante este hecho el agente fiscal no debe formalizar denuncia o acusación alguna, ni mucho menos formalizar investigación preparatoria según sea el caso.

Queremos terminar diciendo que actualmente en el sistema procedimental penal vigente  existen preceptos que garantizan la imparcialidad y objetividad del agente fiscal, descartando una función persecutora absoluta o a toda costa, esto significa que no deberíamos tener una acusación a toda costa y de manera absoluta aunque sea formal porque esto deslegitima la verdadera función de persecución, y terminamos saturando al sistema penal de manera innecesaria pues la mayoría de casos son absueltos por falta de pruebas o insuficiencias de las mismas, sin embargo el Estado ya hizo el gasto, después de cuatro o cinco años que dura un proceso se termina en la absolución, pero sobre todo se termina en la incredulidad de la gente y se deslegitima el sistema. A tener cuidado en ello.