– Carlos Monge, antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo
Tres de las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han sido declarados en emergencia ambiental, la primera (Pastaza) ha cumplido un año de la declaratoria de emergencia, sin embargo las poblaciones indígenas que habitan en esta cuenca siguen consumiendo agua y alimentos contaminados. Carlos Monge señala que una cosa es declarar la emergencia ambiental, y otra que se movilicen todos los recursos que se necesitarían para solucionar el tema de los pasivos que allí se han acumulado (cuatro cuencas impactadas durante cuatro décadas por la explotación petrolera en Loreto). «Y ahí todo se mueve lento debido a un problema de articulación de diferentes ministerios», dice.
«Ha habido declaraciones ministeriales y luego presidenciales contra el ejercicio de derecho de consulta en el espacio andino y amazónico en respuesta a la minería, sí hay que decir que Perupetro mantuvo un discurso que afirmaba que estaba dispuesto a hacer consulta. Incluso en el sector empresarial, el grupo de empresas petroleras que se han salido de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo y han formado la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, presidida por Beatriz Merino, ha manifestado que la Ley de Consulta es importante porque dota de legitimidad y sostenibilidad a los proyectos y de esa manera se evitan los conflictos. Es un discurso menos confrontacional. Lo del Lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la consulta previa, tanto desde el punto de vista del Estado -que es el encargado por ley de implementar la consulta- como desde el punto de vista de las empresas que están interesadas en esos proyectos de inversión».
El proceso de la consulta alrededor del Lote 192 no se hizo durante 2013, Carlos Monge se pregunta: ¿Durante el 2014 el Estado va a ser capaz de poner en práctica el mandato de Emergencia Ambiental de manera tal que las organizaciones indígenas locales se sientan satisfechas, e inmediatamente después sacar el proceso de consulta con el tiempo suficiente? Y segundo ¿Tendrá tiempo de hacer un proceso de consulta realmente exitoso que lleve a la población local a decir que sí, para entonces en 2015 renovar la licencia? «Yo lo veo difícil. Porque dada la complejidad de los pasivos ambientales en la zona y dada la lentitud en este terreno, veo complicado que se haga rápido», señala.
Para Monge la consulta previa debe darse antes de la entrega de concesión para fines de exploración porque ya esta actividad tiene impacto sobre la población. «Antes de la consulta considero que habría que resolver dos grandes cosas en el Perú: La primera es la territorialidad de los pueblos indígenas. Hay una vieja demanda de los pueblos originarios para reconstituir de facto y legalmente los territorios indígenas. Porque recordemos que durante la época de la reforma agraria, se extrapoló también hacia la Amazonía una visión andina de la territorialidad. Titularon las parcelas donde cultivan y a eso lo nombraron comunidad nativa, pero el bosque, el río -espacios fundamentales para la reproducción del pueblo indígena- quedaron fuera. Lo que antes era territorio indígena ahora son comunidades tituladas, pero obviamente esos territorios no son los territorios de su reproducción, son la expresión de una visión andina. Segundo, hay que completar los procesos de zonificación ecológica y económica y ordenar el territorio para decidir qué cosa se puede hacer dónde. Solamente ahí se tendrá un mapa limpio que indique dónde se pueden hacer actividades de exploración», finaliza. (MIPR)
