Por: Gonzalo Marsá Fuentes.
Especialista Intercultural.
El Gobierno prorroga la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, por 60 días calendario, a partir del 10 de octubre, periodo en el que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en la zona, todo ello mediante Decreto Supremo 106-2024-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, El día ayer (miércoles)
En principio, la decisión de promulgar el estado de emergencia en estas provincias obedece a la persistencia de grupos armados organizados en la frontera de Loreto de máxima peligrosidad —supuestamente rezagos disidentes de las FARC—, además del reporte de actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, en el tiempo que se viene ejecutando el Estado de Emergencia, la criminalidad no ha cesado.
Pese a que la medida promulgada recientemente se aplicará a 4 provincias del país, en el caso de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, recordar que ambas se mantienen en Estado de Emergencia desde el 17 de febrero del año 2023, es decir, que una vez finalizada la nueva prórroga de 60 días calendario -si no se extiende más- ambas acumularán 602 días, de excepcionalidad jurídica.
Supuestamente, estas declaratorias de emergencia suponen una redistribución de los efectivos policiales que, a partir del momento de su emisión, obligan a la fuerza pública a focalizarse en acciones específicas, sin embargo, estas reacciones no pueden sino considerarse como medidas paliativas de escasa efectividad más orientadas a los aplausos de la tribuna que a los resultados. En definitiva, se aborda de manera eventual un problema crónico y, por qué no decirlo, estructural. Más aún, considerando que la policía cuenta en las fronteras amazónicas con insuficiente dotación de efectivos y por la precariedad de sus medios disponibles para enfrentar de manera efectiva una amenaza tangible.
La consecuencia inmediata de un Estado de Emergencia es la suspensión de algunos derechos constitucionales de los ciudadanos afectados por la medida, como la libertad de tránsito y de reunión pacífica. En el caso de nuestras dos provincias es un agravante la vulneración de esos derechos de forma prolongada y a cambio de muy poco en términos de seguridad personal efectiva. Por ello, es importante analizar el coste beneficio de este tipo de medidas para nuestros paisanos, ciudadanos también de un estado de derecho como El Perú.
Los expertos indican que esta medida es de último recurso y que apelar a un Estado de Emergencia cuando no tiene ni planificación ni soporte logístico puede considerarse una medida populista abocada al fracaso. Recordemos, que más allá de los aplausos, está en juego la vida e integridad de miles de loretanos, especialmente vulnerables y expuestos al abandono del Estado, por una parte, y a la amenaza de la criminalidad, por otra: Yaguas, Boras, Huitotos, Ocainas, Maijunas, Kichwas, Tikunas, Secoyas, Cocamas, Resígaros Matses, entre otros…
Desde estas líneas proponemos que el Estado, mientras no esté en condiciones de garantizar la paz y la seguridad en la zona de manera activa, vire de su postura voluntarista. Sugerimos que en lugar de tratar de ignorar la terca realidad que se vive en las fronteras o, lo que es peor, de imaginar una realidad paralela a golpe de Decreto Supremo, se adopte un enfoque de reducción de riesgos y daños.
La expresión ‘reducción de daños’ hace referencia a las políticas, programas y prácticas orientadas a minimizar los impactos negativos de la presencia de estos actores ilegales en los ámbitos de salud, social y legal. Asimismo, se basa en principios de justicia y derechos humanos. Se centra en realizar cambios positivos y en trabajar directamente con las poblaciones locales.
Es necesaria una mirada diferente que impulse un cambio de paradigma y enfoque frente al fenómeno de la delincuencia organizada en la frontera. No se pretende ignorar la realidad social de unos territorios donde los actores armados ilegales han estado, están y seguirán estando presentes sino adaptarse a ella para mejorar en lo posible las condiciones de vida de las poblaciones y reducir su exposición a la violencia: Es fundamental ver a las poblaciones como sujetos de derechos y como ciudadanos peruanos en estado de indefensión.
Además de la presencia real del Estado, es fundamental fortalecer el tejido social local, la gobernanza comunitaria, impulsar la autogestión territorial indígena, los procesos participativos y liderazgos internos como sociedad civil, el desarrollo de capacidades de gestión y el fortalecimiento organizaciones locales. Solo los habitantes de las fronteras están permanentemente en los territorios (cuando la fuerza pública se retira) y están en capacidad de contrapesar a los actores ilegales sin tener que confrontarlos. Son la apuesta segura del Estado si quiere recuperar soberanía.
Es necesario un baño de realidad y de pragmatismo poniendo el foco de la intervención del Estado en la atención de las necesidades elementales de las poblaciones locales, garantizando la provisión de servicios básicos y públicos en lugar de plantear una lucha frontal contra los grupos armados que, lamentablemente, hoy día no estamos en condiciones de dar.
Militarizar las fronteras sin hacer inversión social contribuye a re-victimizar a las poblaciones locales. Es una apuesta de alto riesgo debido a que no garantiza acabar con el tutelaje de las mafias organizadas y puede distanciar más aún a los pobladores locales de la autoridad legítima del Estado.
