Nunca antes las gestiones parlamentarias desde la época del siniestro fujimorismo hasta la, gestión de Toledo y ahora del APRA, el Congreso de la República sufrió tan grave deterioro con secuelas tan lamentables que en realidad podríamos decir que el Congreso está herido de muerte.
Lo que motiva tal situación, sin duda son las causas endógenas y exogénas
que saltan a la vista y los congresistas las hacen pasar desapercibidas, por eso creemos que es obligación del periodismo poner en autos a la ciudadanía para que ahora que se avecinan las elecciones, elijan con cordura e inteligencia a los nuevos fiscalizadores, cuya trayectoria deberá ser inmaculada para servir a la población con sus logros y sus ejemplos.
Para que las cosas mejoren en el área interna legislativa se precisa que el congreso evite en lo posible abdicar de su función legislativa mediante la delegación de facultades al poder ejecutivo.
Asimismo, debe evitarse la inoperancia en la moralización, debido a la ausencia de fiscalización por parte de las comisiones investigadoras que actúan con espectacularidad, pero sin resultados positivos.
Cobra dimensión también, la nociva tarea de confundir la función parlamentara con una serie de gestiones a favor de terceros, contraviniendo así, la prohibición contenida en la constitución del Estado. Si a esto agregamos la manida costumbre de oficiar de acompañantes de sus electores para gestiones menudas y sin trascendencia ante las dependencias públicas, municipales y empresas del Estado, a fin de arrancar favores y es de esa manera como se pierde un tiempo que es valioso para cumplir con la función legislativa.
A todo esto se agrega el error de confundir inmunidad con impunidad, error que lleva a excederse en actos que lindan con la arbitrariedad y la prepotencia, creándose así anticuerpos y animadversión.
Se suma a los factores expuestos, la falta de disciplina parlamentaria, de austeridad y de ejemplo de buen comportamiento.
Entre los factores exógenos podemos citar la invasión jurisdiccional por parte del Poder Ejecutivo, sobrepasando al parlamento en su función puramente legislativa, sin que el Congreso ejercite su autoridad en defensa del orden jurídico.
