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Discurso de orden por el Día del Juez y Jueza 2025

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El día de hoy que celebramos el día del juez y de la jueza, quiero hacer un homenaje a los jueces y juezas de todas las instancias de la Corte Superior de Justicia de Loreto que administran justicia a nombre del pueblo peruano en esta vasta región que a pesar de todas las dificultades que afrontan cumplen con su deber de forma íntegra, honesta y transparente.
Esta Corte encontrándose en una zona geográfica donde habitan poblaciones indígenas, que cuenta con una variedad de recursos naturales y rica biodiversidad, así como es una región de pobreza con población vulnerable, los jueces han emitido numerosas sentencias en procesos judiciales considerados emblemáticos en el marco de la justicia intercultural y el medio ambiente. Jueces y juezas que se encuentran presentes en esta sala, y entre ellas tenemos:
CASO CLAUSURA DEL BOTADERO DE MAYNAS
El año 2008, se expidió la sentencia que ordena la clausura del botadero de Maynas, ubicado en el kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos-Nauta. Este lugar se había convertido en un foco infeccioso que contaminaba las aguas del río Nanay (principal abastecedor de agua potable de Iquitos) y afectaba la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana vulnerando los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano y equilibrado.
CASO ANDOAS
En el año 2009, ante protestas de la población indígena, a los cuales se les abrió proceso penal, se sentenció absolviendo a los denunciados nativos de las etnias achuar y kichwa, basándose en el Convenio 169 de la OIT y en la cosmovisión indígena. Sentencia confirmada por la Corte Suprema de la República. Esta sentencia fue materia de estudio en universidades, un ejemplo de ello es que el caso se analizó en el Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia en EEUU, y en el Business and Human Rights Resource Centre del Reino Unido – Londres. Fue objeto de un documental que se difundió en los países de Europa y EEUU.
CASO HEPATITIS B ETNIAS KANDOSHI Y SHAPRAS
El año 2013, se expidió sentencia en un proceso de acción de amparo interpuesta por los pobladores de las comunidades nativas Kandoshi y Shapra, sustentando su decisión en el derecho a la salud, y a la identidad étnica reconocida en el Convenio 169 de la OIT, resuelve que las entidades demandadas, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Loreto, se encuentran obligadas entre otras a otorgar atención médica integral a los pobladores de las comunidades Kandoshi y Shapra, pudiéndose sumar otras comunidades nativas, que se encuentran infectados de Hepatitis B, y hacer programas de prevención para dichas comunidades nativas; así como aceptar la participación de sus representantes en las políticas de salud. Ha sido reconocida por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya que ayuda a visibilizar el deficiente sistema de salud en las comunidades indígenas. Esta sentencia ha sido nuevamente puesta a luz de la opinión pública a raíz de la situación de emergencia sanitaria del COVID, y las enfermedades que sufren las comunidades Kandoshi y Shapras como el EDA los años 2023 y 2024.
CASO COMUNIDAD NATIVA COCAMA TARAPACÁ
El año 2015, se expidió sentencia en el proceso de acción de amparo seguida por la Comunidad Nativa Cocama Tarapacá, que se sustenta en el Convenio 169 OIT, en lo referente a la identidad étnica, y a la conciencia de su identidad indígena y tribal, declara la nulidad de las resoluciones administrativas que obstaculizaban el reconocimiento jurídico de la Comunidad Nativa Cocama Tarapacá, y se ordena a la Dirección Regional Agraria de Loreto el reconocimiento e inscripción como comunidad nativa en el Registro Público Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas. La Red Internacional de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la titulación de una comunidad nativa no es una noticia usual en el Perú, por eso es grato saber que en Loreto se ha dado un paso importante en ese sentido, luego de 11 años de estar solicitando a la administración pública la titulación de las tierras de la citada comunidad nativa.
CASO RÍO MARAÑÓN SUJETO DE DERECHOS
El año 2024, se expidió sentencia en el proceso de acción de amparo presentado por mujeres miembros del pueblo indígena kukama, declarando al Río Marañón y sus afluencias como titular de derechos, se sustenta la sentencia que para el pueblo kukama su mitología está estructurada alrededor del mundo acuático en las profundidades del río Marañón y de sus animales, han mantenido una fuerte relación espiritual con el río Marañón, porque además de agradecerle que le brinde agua y alimento, se considera que guarda la memoria de sus antepasados, a través de los espíritus que habitan en sus profundidades, y es el centro de su universo espiritual. Tiene derecho de fluir libremente y estar libre de contaminación, por lo que tiene que ser protegido. La sentencia ha marcado un hito en la protección de la naturaleza en Perú, y las mujeres kukamas en base a esta sentencia se les galardonó con el premio Nobel Verde – Premio Goldman, esta sentencia ha sido reconocido a nivel mundial siendo materia de estudios académicos, y objeto de una película estrenada en el Perú en febrero de este año. Noticia difundida en los medios de comunicación a nivel mundial BBC, CNN y otras.
CASO CONCENSIÓN MINERA SOBRE EL RÍO NANAY
El año 2025, se expidió sentencia en el proceso de acción de amparo contra el otorgamiento de la concesión minera denominada Raíces Gaddaffy, con una extensión de 1000 hectáreas, ubicada en el distrito de Alto Nanay, donde el polígono de la concesión abarca parte del río Nanay, sustentando su decisión que la actividad minera en esta zona comenzó el año 2000, que se ha multiplicado a pasar de los años, y para obtener el oro se usan sustancias altamente tóxicas como el mercurio. La cuenca del río Nanay representa una de las principales abastecedoras de alimentos y fuente principal de aprovisionamiento de agua potable de Iquitos. La contaminación del río Nanay vulnera el derecho al agua que abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas. Por lo que un acto administrativo no puede expedirse contra el interés público y el bien común de la población loretana, afectando derechos constitucionales, como en este caso el derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho de acceso al agua potable.
Esto demuestra que al ser nuestro Perú una nación pluricultural, los jueces de esta Corte realizan un arduo y continuo trabajo para construir y consolidar un enfoque intercultural de justicia en el Poder Judicial, respetando los derechos de los pueblos indígenas, su cultura, sus costumbres y su identidad étnica.
A la vez proteger el medio ambiente tomando medidas para salvaguardar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación, y garantizar que la población tenga acceso a un ambiente saludable, es aplicar justicia ambiental en nuestras decisiones jurisdiccionales.
Otro aspecto que no podemos obviar es la corrupción que es uno de los problemas más preocupantes para la población y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. Así como el incremento de la delincuencia y la violencia generando un alto grado de inseguridad. Los jueces penales en un juicio oral y público con las garantías procesales correspondientes están procesando y condenando a numerosos funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción, y a las personas que infringen la ley.
También, la violencia de género es un problema extendido en nuestra región, las juezas de familia dan respuestas judiciales que buscan que las mujeres y demás víctimas de violencia de género transitar hacia una vida en paz.
Como no recordar el proyecto de creación de los juzgados itinerantes fluviales, que se hizo realidad el año 2014, se dio la primera travesía del Juzgado Itinerante Fluvial a bordo de la embarcación “Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) – Río Napo”, que recorrió sobre la cuenca del río Napo, acercando la impartición de justicia a pobladores de 25 comunidades indígenas, se atendió más de 207 casos durante los 45 días que navegó por la región. Después de más de diez años, hace unos días ha zarpado la embarcación “PIAS Río Yavarí” llevando por segunda vez un Juzgado Itinerante Fluvial. En ambos casos los juzgados están a cargo de juezas.
Sabemos que nosotros los jueces tenemos que mejorar cada día, y si bien en la Corte la tecnología se ha implementado de manera acelerada, no podemos perder de vista que en cada caso que resolvemos detrás de un expediente hay un ser humano, un ser humano en busca de justicia.
La Corte ha afrontado diversos problemas, pero siempre ha salido adelante por la capacidad de sus jueces y juezas, que con principios y valores están dispuestos a trabajar de manera transparente, honesta con entusiasmo y optimismo; manteniendo vivo el sentido de la justicia, el bien común, los derechos humanos y la paz social en la población loretana.
Muchas gracias.

Feliz día del juez y de la jueza.

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