- Ni la presencia fiscal hizo que desistieran de su posición
- Hecho ocurrió en el Km 7.5 de la carretera Iquitos-Nauta.
En mérito a denuncias preventivas N° 434-2017 y 442-2017, los fiscales adjuntos provinciales titulares de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, abogados Leslie Maribel Díaz Guerra y Efraín Yanarico Quispe, realizaron una diligencia fiscal en el asentamiento humano “Las Brisas”-30 de Marzo, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Iquitos-Nauta, distrito de San Juan, con la finalidad de prevenir el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, y contra el Patrimonio.
En el lugar, se pudo apreciar a un aproximado de 60 personas teniendo como representantes a Rosa Curinuqui Tapayuri, secretaria de Disciplina; Ángel Robinson Guevara Meléndez, vocal; Lucía Tuesta Soria, secretaria de Juventud; Daily Grefa Ríos y Wenninger Vásquez Ayachi, moradores; quienes indicaron que efectivamente no dejarán instalar el fluido eléctrico en la vivienda de las recurrentes, ya que las mismas no cuentan con la documentación adecuada.
Cabe recalcar que dichos pobladores y representantes en todo momento mostraron su negativa para la instalación del fluido eléctrico por parte de personal de Electro Oriente, aduciendo que todos los solicitantes estarían usurpando un aproximado de tres metros de terreno que corresponderían a otros vecinos, lo que estaría generando el desorden en la ubicación general de las viviendas, según lo indica la documentación del área de Catastro de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y deben contar con constancia de posesión del asentamiento humano Las Brisas, más no del asentamiento humano 30 de Agosto.
La representante del Ministerio Público exhortó y recomendó a los dirigentes a desistir de su actitud y permitir la instalación del fluido eléctrico al personal de Electro Oriente en la viviendas recurrentes, por cuanto se cuenta con la documentación emitida por la autoridad competente; es decir, constancia de posesión emitida por la municipalidad distrital de San Juan Bautista y el contrato de suministro eléctrico a favor de los recurrentes, las mismas que no fueron aceptadas.
Es así que la fiscalía de Prevención procedió a dar cuenta del hecho a la fiscalía Penal de turno para la denuncia correspondiente contra las personas que incurrieron en actos de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Finalmente, la diligencia se dio por concluida por cuanto no se ofrecían garantías para el personal encargado de la instalación del fluido eléctrico, ya que no se contaba con el suficiente apoyo policial; además, que existía la presencia de menores de edad y adultos mayores que podrían sufrir las consecuencias de la represión de la fuerza pública. (Gonzalo López)
