- Titular de Justicia Intercultural de Loreto advierte que recursos destinados a cerrar brechas en comunidades podrían comprometer el futuro de las gestiones municipales
El dirigente indígena Tito Sajami expresó su preocupación por el manejo de los recursos del fideicomiso del circuito petrolero y cuestionó el pedido de apalancamiento impulsado por alcaldes de distritos ubicados en zonas de influencia de la actividad extractiva en Loreto.
Durante entrevista, señaló que los recursos asignados mediante el fideicomiso fueron obtenidos tras años de lucha de los pueblos indígenas y tienen como finalidad atender necesidades básicas y cerrar brechas históricas en comunidades amazónicas.
Según indicó, el fondo fue concebido para financiar proyectos vinculados al acceso a agua potable, electrificación, salud, educación e infraestructura básica en beneficio de las poblaciones más vulnerables de la región.
Sajami sostuvo que existe preocupación entre las organizaciones indígenas debido a que algunos municipios estarían promoviendo mecanismos de financiamiento que comprometerían recursos futuros del fideicomiso mediante endeudamiento, situación que, a su juicio, podría afectar a las próximas gestiones municipales.
El dirigente advirtió que los pueblos indígenas han remitido documentos a diversas entidades del Estado para expresar su posición respecto a esta situación y solicitar una evaluación de las medidas que se pretenden adoptar.
Asimismo, cuestionó que, pese a los millonarios recursos destinados a las zonas petroleras durante los últimos años, muchas comunidades continúan enfrentando problemas relacionados con la pobreza, la anemia infantil, el acceso limitado a servicios básicos y la falta de oportunidades económicas.
Durante sus declaraciones también expresó preocupación por el avance de actividades ilegales en distintas cuencas amazónicas, entre ellas la minería ilegal, situación que consideró una amenaza para el ambiente, la salud de la población y los territorios indígenas.
Sajami hizo un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales para priorizar el desarrollo sostenible de las comunidades amazónicas y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de acuerdo con los objetivos para los cuales fueron creados, asegurando beneficios reales para las actuales y futuras generaciones. (K. Rodriguez)
