Una vez más se repite la historia en cuanto al cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Estado y las organizaciones indígenas que representando a sus pueblos buscan se cumplan con sus derechos. Una vez más levantan su voz para pedir, solicitar, y exigir que se titulen sus territorios. Y una vez más la exigencia podría convertirse en protesta con ribetes de rebeldía, porque los mecanismos formales parece no les resultará, como parece que del DIÁLOGO pasarán a las denuncias por la vía judicial. Una vez más.
Esta medida se conoce se realiza mediante una acción judicial interpuesta en el Juzgado Mixto de Nauta, en la provincia de Loreto, donde las organizaciones FEDIQUEP, FECONACO y ACODECOSPAT presentarán una demanda exigiendo a las instancias que tienen que ver con el proceso de titulación de tierras, empezando por el Ministerio de Agricultura.
La demanda se basará en la exigencia de la adecuada e inmediata titulación de sus territorios, así como el respeto de sus derechos territoriales frente a varias décadas de vulneración de los mismos.
La demanda también solicita a Pluspetrol Norte que pague las servidumbres petroleras a todas las comunidades nativas sobre las que se superponen los lotes 1AB y 8X, desde que opera en las referidas concesiones hasta la actualidad. De igual forma, la acción judicial hace frente al último paquetazo anti-ambiental aprobado mediante Ley 30327. No hay duda que las organizaciones están bien agenciadas de información y documentos.
Así también, según un informe legal preparado por la defensa de la parte indígena, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social (IDLADS), el Estado ha vulnerado derechos territoriales de las comunidades del Pastaza, Corrientes y Marañón, sostenidos en la Constitución Política del Perú, la Ley de Comunidades, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La terrible situación socio ambiental generada por décadas de explotación petrolera en las comunidades de la zona de los lotes 1AB y 8 se ha basado, entre otros, en la inseguridad jurídica de las comunidades y la desprotección de los territorios. Además, a ello se suman los nuevos escenarios normativos y políticos, como la Ley 30327, que agrava el futuro y la subsistencia de las comunidades indígenas al despojarlas de sus derechos de propiedad. He ahí el apuro para que se formalice la propiedad de sus territorios ancestrales. La misma figura que una familia de la ciudad defendiera la propiedad de su vivienda sin título. Hay derecho.
