Este 9 de agosto se celebra el «Día Internacional de los Pueblos Indígenas», fecha que surge a partir de una iniciativa promovida por la Asamblea General de la ONU, «reconociendo el valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de las poblaciones indígenas del mundo».
En Perú, además, aquel día se cumple un año más de la protesta indígena iniciada en 2008 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana/AIDESEP, en rechazo a 102 decretos legislativos aprobados por el Estado peruano, los cuales, en el marco de los tratados de libre comercio, vulneraban sus territorios y derechos colectivos.
Aquella protesta duró aproximadamente 10 días y consiguió la derogatoria de dos decretos legislativos. Esta protesta tuvo una segunda etapa, en la cual se originó el levantamiento indígena amazónico más importante de los últimos años. Luego de ocho semanas de movilización, la respuesta del gobierno de Alan García fue la violencia militar, ocasionando un enfrentamiento innecesario con graves pérdidas humanas.
La actual Ley del Derecho a la Consulta Previa es resultado de aquellos conflictos. Sin embargo, es una ley surgida desde la desconfianza, cuyo proceso de reglamentación fue confirmando viejos males del Estado: poca capacidad de diálogo, actitud excluyente y poco reconocimiento a la autoridad indígena, en este caso sus organizaciones.
A casi cinco meses de la publicación del Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta, se desconoce la existencia de documentos oficiales imprescindibles que exige la Ley, como son la Guía Metodológica (artículo 11 del Reglamento), o la anunciada pero no visible Base de Datos (artículo 8 del reglamento), ambas bajo responsabilidad del Vice Ministerio de Interculturalidad.
Este marco es preocupante frente a las anunciadas nuevas licitaciones de lotes petroleros para el último trimestre del año, donde se incluye al histórico lote 1AB, cuya actividad data de cuarenta años. En ese tiempo, la actividad petrolera ha generado serios daños ambientales y sociales en los territorios, provocando una serie de conflictos entre empresa petrolera, Estado y comunidades.
Se cumplen cuatro años de aquella protesta indígena. Hoy, la situación no es la misma a aquel tiempo; sin embargo, el justo reconocimiento y valoración a los pueblos indígenas aún es un serio asunto pendiente en la agenda nacional.
