- Contraloría General dice que sería por más de 11 millones de soles
La Contraloría General detectó que habría un perjuicio económico de 11 millones 400,084 soles debido a presuntas irregularidades en la contratación para la ejecución de la obra de rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Requena. La obra se ejecutó entre el 2012 y 2014, indicó el organismo contralor.
Una comisión auditora identificó que durante la ejecución contractual, el consorcio a cargo de la obra modificó su programación inicial en forma innecesaria y sin el debido sustento, de esta forma los plazos de cada partida o actividad se extendieron a su favor, todo lo cual fue validado por la Municipalidad Provincial de Requena que efectuó el pago de las valorizaciones, tomando en cuenta dicho calendario.
Además, tras ser notificado el consorcio de la improcedencia de la ampliación de plazo N° 1, éste desconoció tal decisión sin que la municipalidad emitiera objeción alguna, consintiéndose la nueva programación por falta de pronunciamiento.
La Contraloría detectó también que las consultas del consorcio sobre cambios de ubicación y dificultades relacionadas al reservorio elevado, cámara de bombeo de desagüe, tendido de redes de agua y desagüe de las calles Circular, Puinahua, Malecón Tarapacá y San Martín de Porres, sistema eléctrico y las ampliaciones de plazo N° 2 y 3, no contaban con sustento alguno que los ampare.
Pese a ello, la municipalidad dejó de absolverlas y de pronunciarse en el plazo legal establecido, permitiendo que queden consentidas, lo que conllevó a que no se aplique la penalidad por mora por los días de atraso y que se genere el reconocimiento al consorcio de mayores gastos generales.
Ejecución de la obra
Durante la ejecución de la obra se pagó al consorcio por partidas no ejecutadas y otros conceptos que se efectuaron sin sujetarse a lo estipulado en el expediente técnico, como por ejemplo el haber utilizado una sola zanja para colocar la red de agua y desagüe y no respetar la distancia mínima entre ellas (2 metros), pues en varios tramos se observó una separación de solo 20 centímetros, lo que representa un peligro inminente de contaminación de las redes, poniendo en riesgo la salud pública.
Asimismo, el consorcio solicitó la aprobación de un adicional de obra que había sido ejecutado con antelación, sin sustento ni autorización. Pese a ello, la municipalidad validó su presupuesto por el total del importe solicitado, sin verificar lo realmente ejecutado, permitiendo que se paguen en vías de regularización, partidas no ejecutadas y utilizando recursos transferidos de un convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que no correspondían.
De igual manera, la municipalidad modificó el contrato de prestación de los servicios de supervisión al no ajustarse a las bases integradas del proceso de selección, lo cual implicó que se pague por gastos generales no acreditados y por servicios que no se prestaron.
También, la municipalidad resolvió el contrato de ejecución de obra sin el debido sustento y durante el proceso arbitral dejó de cuestionar la liquidación de obra presentada por el consorcio, que contenía conceptos que no correspondían, conllevando a que se emita un laudo arbitral que reconoció a favor del consorcio el pago de gastos generales por ampliaciones de plazos consentidas, y de conceptos relacionados con la resolución del contrato.
Además, implicó que se acepten los conceptos de la liquidación de la obra y el pago de partidas no ejecutadas. Para el pago del proceso arbitral se usaron también recursos transferidos del mencionado convenio con el ministerio que no correspondían.
Por último, la Contraloría afirma que como parte de la auditoría se ha emitido una Carpeta de Control en la que identificó la participación en los hechos de 6 funcionarios y 10 ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Requena, la misma que ha sido remitida al Fiscal Provincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto Nauta. (GL)
