- Contraloría detectó que gobierno regional habría generado pérdidas en obras de alcantarillado
- Información ya había sido dada a conocer por ‘La Región’ hace unos meses
Funcionarios, ex funcionarios y ex servidores del gobierno regional de Loreto incurrieron en presuntas irregularidades en la ejecución del megaproyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en la ciudad de Iquitos, generando un perjuicio económico al Estado hasta por 83 millones 873,000 nuevos soles, se reveló ayer a nivel nacional, aunque ‘La Región’ ya lo había dado a conocer hace unos meses.
La Contraloría General de la República precisó que estos trabajadores públicos del Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP) del GRL hicieron pagos provisionales hasta por 93 millones 834,303 y pagos que no corresponden.
Una comisión auditora identificó que en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos”, iniciada en el 2010 y cuya ejecución aún continua, se pagó a la empresa valorizaciones por concepto de adicionales provisionales por obras ejecutadas, sin haber realizado la debida evaluación técnica presupuestal, aplicando un procedimiento no contemplado en el contrato y sin lugar a rectificación en la liquidación del contrato.
Con relación al presunto perjuicio económico, se evidenció que el Organismo Público Infraestructura para la Productividad regularizó el atraso de ejecución de la obra aprobando ampliaciones de plazo que no correspondían, generando el pago de mayores gastos generales e inaplicación de penalidades por 40 millones 594,140 nuevos soles.
Asimismo, aprobó un adicional de obra y un deductivo vinculante por el cambio de material de fabricación de pilotes, generando pagos improcedentes al contratista por S/. 1 944 905. También se aprobó un adicional por el cambio de material de las barandas de acero galvanizado y canaletas de acero inoxidable por otras de plástico reforzado con fibra de vidrio, modificación que no era indispensable ni económicamente conveniente, causando un perjuicio por S/. 4 639 426.
Además, el mencionado organismo aprobó un adicional de obra para la protección perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales con material impermeable a fin de evitar las filtraciones de agua. Sin embargo, dicha protección no soportó las nuevas filtraciones en marzo de 2012, generando un egreso innecesario de S/. 6 250 103.
Así también, el gobierno regional de Loreto generó la aprobación del expediente técnico pese a que éste no contaba con el diseño del emisor subfluvial y el estudio de impacto ambiental. Además, las coordenadas de la planta de tratamiento de aguas residuales difieren de las establecidas en el estudio de suelos y en el plano del expediente técnico, los cuales tampoco concuerdan con lo establecido en el plano del estudio de factibilidad, generando un pago que no correspondía de S/. 905 334.
El Organismo Público Infraestructura para la Productividad aprobó también un adicional para subsanar un tramo de tubería que colapsó por deficiencias atribuibles al contratista en el almacenamiento y proceso constructivo, ocasionando un perjuicio por S/. 19 869 157. Además generó riesgos en la calidad de los trabajos y en el servicio a prestar.
Asimismo, aprobó una ampliación de plazo por 121 días calendario, pese a que los trabajos para los cuales se requería dicha ampliación ya estaban ejecutados. Ello generó el pago de mayores gastos a favor del contratista por S/. 8 434 709 y el pago por el presupuesto adicional de servicios de supervisión por S/. 1 235 357.
Cabe precisar que el Organismo Público Infraestructura para la Productividad no atendió las observaciones presentadas por los servidores de Sedaloreto, por lo que no se garantizó la calidad de los trabajos ejecutados. Entre las principales observaciones figuraron deficiencias en la planta de tratamiento de aguas residuales, carencia de un caudalímetro a la salida de las aguas tratadas, necesidad de cambio de la totalidad de los tableros eléctricos, necesidad de cambio del grupo electrógeno instalado en la referida planta, entre otros elementos de la planta de tratamiento afectados por inundaciones.
Tras la auditoría, la Contraloría emitió una carpeta de control en la que identifica la participación en los hechos de 16 funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores del Organismo Público Infraestructura para la Productividad, la misma que ha sido remitida el 22 de octubre del 2014 a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Loreto. (GL)
