- Por presuntos delitos de extorsión, secuestro y atentado contra manifestaciones pacíficas.
Toda la confrontación entre hermanos del Puinahua/Bretaña/Requena, comenzó cuando los integrantes de la federación AIDECOBAP firmó un convenio por 1´300 mil soles con la empresa Petrotal para la elaboración de varios expedientes técnicos.
Ese punto habría indignado al alcalde, algunos regidores y parte de la población quienes elevaron su voz, indicando que la llamada a firmar por esos expedientes era la Municipalidad y que harían retroceder a la empresa para dejar sin efecto esa firma.
Así fue. Rodeado el representante de la empresa, no le quedó otra que firmar un papel donde se indicaba que quedaba sin efecto la adenda para los expedientes técnicos. Ahí saltó nuevamente el conflicto social que amenaza en convertirse en algo más preocupante.
Ayer se habló con el abogado de la federación Jorge Tacuri, quien se estaba trasladando de emergencia hasta la zona en conflicto.
“Se ha interpuesto un habeas corpus porque lo que viene ocurriendo allá es una cosa muy delicada. El alcalde (Arnulfo Tafur Navarro) está formando a fuerzas parapoliciales y paraestatales, que es una fuerza de choque contra los indígenas. Lo que piden es que dejen sin efecto la firma del convenio con la empresa” resumió Tacuri.
¿Terrible que el propio alcalde esté generando enfrentamiento entre hermanos del distrito?
-La federación ha interpuesto una denuncia penal contra el alcalde por los delitos de extorsión, secuestro y atentado contra manifestaciones pacíficas. Ha constituido a fuerzas paraestatales para poder, al margen de la ley, contener o enfrentar a las comunidades que están protestando.
La empresa Petrotal igualmente ha denunciado penalmente al alcalde por coacción. Pues la presionaron para que deje sin efecto el convenio firmado.
La gente del alcalde ha ingresado a zonas vulnerables como a las instalaciones petroleras, al muelle de embarque de productos sólidos y líquidos, poniendo en gran riesgo la vida, sin medir las consecuencias para las operaciones y las personas.
Usted es abogado de AIDECOBAP, ¿qué acciones están tomando para afrontar los graves incidentes que están ocurriendo en Bretaña?
-Pocas veces se ha visto que un alcalde o que una autoridad política desarrolle un conjunto de acciones contra integrantes de pueblos indígenas, como son los Cocamas del BAJO PUINAHUA; que hoy son objeto de hostigamiento, discriminación, actos violentos, secuestro, atentados contra su libre manifestación; por solo haber firmado un acuerdo con la empresa petrolera en el marco de las relaciones comunitarias y responsabilidad social, que irracionalmente cree que afectan sus intereses.
Estamos ante un alcalde que incluso llega a construir una fuerza paraestatal pretendiendo reprimir una movilización de las comunidades pertenecientes a AIDECOBAP. Lo que busca este alcalde bajo estos procedimientos delincuenciales es frustrar cualquier tipo de acuerdo, es decir presionar a la empresa para que no tenga convenios con las comunidades y que de esta manera sea el municipio quien canalice cualquier tipo de inversión en la zona.
En este sentido AIDECOBAP se ha visto en la necesidad de interponer un Habeas Corpus, con la finalidad de que el Juzgado Unipersonal de Requena se constituya en la zona de conflicto y pueda verificar el bloqueo de vías implementadas por el alcalde para impedir que los indígenas de la zona puedan circular libremente. Es decir, se ha restringido el derecho al libre tránsito de las comunidades y privarlos de que puedan acceder a los productos de primera necesidad y trasladar a sus enfermos a los centros de salud.
Un juez penal debe constituirse urgente en la zona para que pueda verificar; como por un lado la población que obedece las directivas del alcalde, está a punto de enfrentarse con las comunidades a quienes no le reconocen el derecho de suscribir un convenio. Así mismo se ha interpuesto una denuncia penal por los delitos de Extorsión, Secuestro y Violación de la Libertad de reunión.
¿Cómo es posible que un alcalde pueda desarrollar todas las acciones que ustedes están manifestando?
-Debe tenerse en cuenta que el único interés que le anima a este alcalde es que la empresa no suscriba ningún acuerdo con las comunidades, esto es un hecho grave, porque en ningún lugar del país los alcaldes se oponen a que las comunidades pueden tener convenios con una empresa, al contrario son los que más bien acompañan, fortalecen ese tipo de relacionamiento porque consideran que las comunidades también tienen derechos a participar de los beneficios que genera la actividad extractiva en este caso petrolera.
Pero este señor, al margen de toda función y al margen de la legalidad ha constituido un grupo de personas que actúan como fuerza para policial o estatal que tienen como única misión reprimir, aislar, arrinconar y erradicar las manifestaciones y la presencia de los pueblos indígenas en el entorno del lote 95 para impedir dichos acuerdo o convenios entre empresa y comunidades.
Frente a esto AIDECOBAP se ha visto en la necesidad de solicitar de la presencia de la Cruz Roja Internacional porque los primeros días de octubre del presente año se vienen desarrollando estos actos de hostigamiento, las comunidades se han constituido en la comisaria de Requena a fin de que les puedan brindar garantías, hecho que no ocurrió; en merito a ello han solicitado la intervención de la prefectura tampoco ocurrió, la fiscalía tiene conocimiento a través, no solo de los medios de comunicación, sino también de los canales policiales de los graves hechos que se están desarrollando, sin embargo no se ha constituido en la zona.
Hay un Habeas Corpus que ya lleva 48 horas de presentado, no hay ninguna Resolución Judicial para intervenir la zona, es decir estamos en un lugar donde los pueblos indígenas están totalmente desprotegidos por parte del estado en tal razón solicitaron la presencia de la Cruz Roja Internacional para que se les garantice su vida, frente a un Estado que es cómplice de un alcalde que pretende masacrarlos.
¿Cuáles son las instancias que están en este momento o tiene la responsabilidad de atender ese tipo de pedidos que ustedes están realizando?
-Los pedidos que ha formulado AIDECOBAP son los siguientes:
En una carta pública a través de su vocero de las redes sociales, han solicitado la intervención de la Cruz Roja Internacional, eso fue el día sábado 23 de octubre del año 2021, ninguna instancia del gobierno se ha puesto en comunicación con las comunidades que están en conflicto o que están siendo amenazadas.
Luego desde el día 05 de octubre del 2021 las fiscalías de Requena tienen conocimiento que las acciones que viene desarrollando el alcalde, ni en vía de prevención del delito, ni a través de la fiscalía especializada en lo penal, ninguna ala fecha se ha constituido en la zona, siendo una grave omisión toda vez que en esa zona ya hay prácticamente un enfrentamiento entre pobladores y comunidades alentados por un alcalde irresponsable que desarrolla practicas criminales contra las poblaciones indígenas.
Luego también esta hace 48 horas el día 25 de octubre se ha presentado un Habeas Corpus y a la fecha no se eleva ninguna notificación o disposición, toda vez que el habeas corpus tiene por finalidad que se constituya en la zona un juzgado con el apoyo de la fuerza pública y pueda mandar a desbloquear las vías que el alcalde mando a interrumpir o a colocar las tranqueras.
Así mismo nos hemos comunicado con el Ministerio de Energía y Minas a fin de que el Ministerio del Interior pueda intervenir en la zona y tampoco hay respuesta, es tal que todas las autoridades de la región, sobre todo de la zona de Requena y de acá del Gobierno Regional, Defensoría, la Prefectura tienen conocimiento de estos hechos pero brillan por su ausencia e incluso incurriendo en actos criminales.
Omisión toda vez que ellos en una reunión el 20 de octubre del 2020, frente al representante de la Defensoría del Pueblo, representante del Ministerio de Energía y Minas, al representante del Gobierno Regional, casi linchan a cualquier persona o a personas que estaban vinculadas con las comunidades nativas, estas autoridades no han hecho ninguna denuncia, formulado ninguna queja y por lo tanto son cómplices por omisión de lo que viene sucediendo en Bretaña. Esta es una región donde no hay un Estado de derecho y donde no hay garantías para los pueblos indígenas.
