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Denuncian inacción del Estado frente a los delitos de Aidecobap

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Junta de Autoridades del Puinahua responsabiliza a instituciones del Estado

La inacción del Gobierno frente a la violación de los derechos de la población del Puinahua por parte de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap) no solo pone en riesgo la integridad de los ciudadanos del distrito, sino también permite que, bajo el pretexto de un supuesto conflicto social, dicha asociación cometa delitos con total impunidad, denunció la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP)
“De darse una situación trágica, responsabilizamos directamente, no solo a los dirigentes de Aidecobap, sino también a las autoridades locales como la Subprefectura, Juzgado de Paz, Comisaría de Bretaña por no cumplir sus funciones ni mediar para que se restablezca el estado de derecho”, enfatizó la JAP en un oficio dirigido a dichas instancias.
La junta exigió que se atienda su pedido y que la Subprefectura, el Juzgado y la Comisaría “cumplan su función como representantes del Estado” y que comuniquen al Poder Ejecutivo e instancias regionales los delitos de Aidecobap, que constituyen una clara violación a los derechos de los puinahuinos.
De acuerdo con la JAP, las “medidas de fuerza tomadas por Aidecobap” restringen el “derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral”, así como el derecho al trabajo, a la salud y al libre tránsito en el río.
Esta situación se viene agravando con el bloqueo fluvial en las localidades de 7 de Junio y Áncash, donde los manifestantes portan escopetas, lanzas y antorchas encendidas, poniendo en riesgo a la población, denunció la junta.
Esta situación –promovida por James Pérez, presidente de Aidecobap, y sus asesores: José Fachin y Jorge Tacurí– atenta también contra la inversión privada en el distrito y perjudica la economía local, regional y nacional, alertó.
El 24 de noviembre pasado, seguidores de Aidecobap retuvieron una barcaza llena de petróleo y secuestraron a la tripulación por más de 48 horas, y actualmente impiden que llegue a Bretaña el suministro de combustible para que la población cuente con los servicios de luz y agua potable.

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