– Por presunto favoritismo en licitaciones convocadas
– Parece que dichos actos se vienen registrando en la mayoría de municipalidades del país.
En días pasados se ha presentado una denuncia penal contra el alcalde del distrito de Balsapuerto, Alfredo Torres Rucoba, ante la Fiscalía Especializada de San Martín por la presunción de haber cometido los delitos de Concusión, Colusión, Peculado agravado y Malversación de Fondos en agravio del Estado Peruano, por favorecer a un determinado proveedor en un proceso de licitación.
En los fundamentos de hecho, se especifica que con fecha 29 de marzo de 2011, la municipalidad distrital de Balsapuerto publicó en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, la convocatoria para una licitación sobre la construcción de un local comunal en Barranquita, contando para ello con la autorización mediante la Resolución de Alcaldía Nº 056-2011-MDB-A del 18 de marzo 2011, pero en forma sorpresiva luego de haber sido entregada la buena pro, se DECLARA LA NULIDAD DEL PROCESO.
Esta declaratoria de nulidad es firmada por el burgomaestre de Balsapuerto, en la Resolución Nº 073-2011-MDB-A del 20 abril 2011, donde se indica que la razón fundamental para la nulidad de la buena pro, es el hecho que el representante legal de la EMPRESA JAJA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.R.L.; es decir, Javier Díaz Ramírez-(familiar en primer grado de un funcionario de la municipalidad). Según la denuncia, esta situación se da porque existieron revelaciones periodísticas que descubrieron el abierto favoritismo a familiares de altos funcionarios del municipio.
Lo que sucede posteriormente resulta sumamente cuestionable. La municipalidad nuevamente convoca a licitación con fecha 27 de abril 2011 y se entrega la buena pro a la misma empresa, es decir a JAJA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SRL, con la única diferencia que como representante legal figura otra persona, que responde al nombre de RAINER CASTRO GÁLVEZ, quien funge de gerente a sabiendas que el verdadero gerente es Javier Díaz Ramírez. Pero este singular hecho se corona porque en esta licitación no ha existido ningún otro postor, por lo que se presume una concertación previa. La adjudicación fue por el monto de 126,855.69 nuevos soles.
Posteriormente se convocó a otra licitación para la Construcción de un local comunal en Pintoyacu, por 128,483.16 nuevos soles, dando la buena pro a la misma empresa y con las mismas agravantes que el caso anterior. Estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público, poniendo en situación bastante difícil al alcalde Alfredo Torres Rucoba y a los miembros del Comité Especial Permanente de Obras. Así mismo en la denuncia, se inserta los nombres de los regidores Róger Lancha Tangoa, Alfredo Marichín Tangoa, Lidia Rasma Silva, Mathías Napuchi Pizango y Lorenzo Pizango Púa.
Además se incluye en la denuncia al ingeniero Alfonso Fidel Vásquez Mori, Director de Obras y Desarrollo Urbano y Rural, así como a Christian Fernández Rengifo, Director de Administración; y a Javier Díaz Ramírez, representante legal de la empresa JAJA CONSTRUCTORA & CONSULTORA S.R.L. y a RAINCER CASTRO GÁLVEZ de la misma constructora. Según los denunciantes, los ilícitos penales cometidos están previstos y sancionados en los artículos 382º, 384º, 387º y 389º del Código Penal en plena vigencia.
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