- Ministerio público abrió investigación por 60 días.
Adrián Antón Paredes, narra ante la fiscalía, que su padre Juan Bonifacio Antón Salazar, era posesionario del predio ubicado en el Psje. Los Girasoles 166-San Juan Bautista, pero antes de su fallecimiento la casa pasó a nombre del denunciante y de su madrastra Perla Arana de Antón.
Por motivos de estudios Adrián Antón, tuvo que viajar a Lima, dejando en su domicilio a su hermano Juan Carlos Antón Arana, sin embargo, ante el fallecimiento de su madrastra (Perla), Adrián tuvo que regresar de la capital a Iquitos.
Siendo que el 14 de noviembre del año 2025, cuando Adrián se apersonó hasta la oficina de la comunidad campesina de San Juan, con la finalidad de pagar los tributos del predio, le informaron que los NUEVOS POSESIONARIOS del predio, eran las personas de Juan Carlos Antón Arana y Rosalía Berenice Vaquero Aguilar.
“Al momento de ir a solicitar el expediente de la parcela de dicha posesión 158-2021-CCSJM-COD-ROS-349, no obtuve respuesta, es más la actual presidenta de esa comunidad me entregó un documento en el que señala que no puede entregar el expediente porque hay una denuncia ante la fiscalía y hasta que se resuelva ello, no lo puede entregar”, habla Adrián.
Ante la denuncia interpuesta por el afectado, la fiscalía decidió abrir investigación por 60 días contra Juan Carlos Antón y Rosalía Berenice Vaquero Aguilar por la presunta comisión del delito de usurpación agravada, en agravio de Adrián Antón Paredes.
De Rosalía Vaquero, se menciona que no cuenta con título de abogada, pero qué en las instalaciones del poder judicial y ministerio público, fungiría de serlo para poder conseguir llevar algunos casos y cobrar por esa labor.
La presidenta de la comunidad campesina de San Juan, no debería negar la entregar del expediente a Adrián Antón, para ver la inscripción del predio de su padre ante esa comunidad. Mal hecho porque existen muchos casos similares, donde los afectados recurren al Registro Público y éste entrega la información puesto que es pública.
No tiene nada que ver que haya una denuncia fiscal o ante el poder judicial, para entregar la información solicitada.
