-Abogada Gisela Figueroa, especialista en el tema de servicio laboral CAS
– También expuso sobre norma general a nivel de Ley para salud y seguridad.
La especialista llegó a Iquitos para exponer sobre la norma general a nivel de Ley para salud y seguridad, presentado ante el Congreso por la bancada nacionalista. Lo hizo ante decenas de trabajadores de construcción civil el día de ayer en el auditorio del colegio San Agustín.
«El proyecto de Ley plantea una política nacional en salud y seguridad para el trabajador de todos los sectores. Hay empresas que pagan las multas porque para ellos es más fácil pagar una multa que invertir en la salud de sus trabajadores. El proyecto pide un rango legal, ahora lo único que hay en materia de salud y seguridad son normas de menor rango y de allí se agarran muchas empresas para no cumplirlas», puntualizó Figueroa.
Pese a que el día de ayer se comentaba que el presidente regional había dado marcha atrás en el tema del Memo múltiple 027 indicando que los contratos CAS sólo se prorrogarían hasta el 31 de Octubre y que a partir del 01 de noviembre, se harían a través de Recursos Humanos del gobierno regional, previo su conocimiento. Aún no se ha observado el documento donde se aprecie que la autoridad regional haya cancelado el memorándum 027.
Sobre el tema del Cas se preguntó a la especialista laboral.
«La sentencia del Tribunal Constitucional dice que es legítimo el tema del CAS, pero no es así. La demanda ha sido mal planteada por eso se ha llegado a la conclusión que es Constitucional. Lo que se piensa a nivel de organizaciones sindicales es presentar una demanda de inconstitucionalidad por los temas que no han sido vistos o tocados.
La sentencia del TC reconoce el derecho de sindicalización, mas deja al margen el tema laboral y la estabilidad dentro del trabajo. No reconocen que es un sistema laboral, que contraviene todo tipo de doctrina a nivel de Derecho.
Si se trabaja bajo una directriz, entonces es un contrato de trabajo, y sobre eso el TC no se pronuncia y legitima lo que es una norma que se tiene que aplicar. ¿De qué me sirve sindicalizarme, si no voy a poder negociar porque cuando quiera hacerlo ya estoy afuera del trabajo? No me sirve de nada un derecho de sindicalización que no garantiza mi trabajo», habló.
Agregó que el 12 de octubre el TC pasó del Ministerio de Trabajo a la PCM a través de «Servir» para que sean ellos los que vean la reglamentación. «Acá vemos un problema de competencia. El Ministerio de Trabajo lo podía hacer porque cuenta con especialistas en materia laboral y la PCM no, ahí hay un peligro. La demanda se hará ante organismos internacionales porque hay un flagrante atropello a los derechos de miles de trabajadores», concluyó la especialista.
