Escribe: Jhon Rivas, analista político.
La cancelación de la deuda social en el Perú y, por ende, en Loreto enfrenta un complejo dilema técnico y jurídico. Su marco legal se sustenta en sentencias judiciales firmes con calidad de cosa juzgada; por tanto, no depende únicamente de una resolución administrativa. Si bien estas sentencias obligan al Estado a cumplir con los pagos, los mecanismos vigentes solo permiten amortizaciones parciales y distribuyen recursos limitados. Para el año 2026 se han considerado apenas S/ 85 millones, situación que prolonga el cumplimiento de estas obligaciones por varias décadas, principalmente en el sector Educación.
La Ley N.° 30137 establece criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales, considerando factores como la edad avanzada, enfermedades terminales y montos reducidos. Asimismo, la Ley N.° 32732 y el Decreto Supremo N.° 160-2026-EF reactivan la Comisión Evaluadora y fijan reglas para cancelar o amortizar deudas de hasta S/ 20 000 por beneficiario. Los gobiernos regionales tienen la obligación legal de atender estos pagos bajo responsabilidad administrativa, civil y penal, pudiendo destinar hasta el 5 % de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para este fin.
Sin embargo, desde una perspectiva técnico-presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas destina cada año alrededor de S/ 200 millones para el sector Educación y una suma similar para los demás sectores. Este monto resulta insuficiente frente al elevado número de acreedores, especialmente en Educación. La Contraloría General de la República ha advertido que, con el sistema actual, el pago total de la deuda podría demorar más de 50 años. Además, el límite de S/ 20 000 por acreedor impide cancelar íntegramente las obligaciones y obliga a realizar múltiples pagos fragmentados.
En el caso de Loreto, la carga financiera es aún mayor, pues el Gobierno Regional debe destinar parte de su propio presupuesto institucional para atender estas obligaciones. Ello reduce considerablemente su capacidad de atender a todos los beneficiarios, priorizando únicamente a quienes cuentan con sentencias firmes inscritas a través de la Procuraduría Pública. De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Loreto (junio de 2026) y el Reporte del MEF (marzo de 2026), la deuda social en la región supera los S/ 1 200 millones, concentrándose más del 70 % en el sector Educación, seguido por Salud y Justicia.
Como consecuencia de las restricciones presupuestales y los topes establecidos por la normativa vigente, el avance en el pago de la deuda es extremadamente lento. Los principales beneficiarios son docentes, trabajadores del sector Salud y personal administrativo con sentencias firmes; sin embargo, en los últimos cinco años se ha cancelado menos del 10 % del total adeudado.
Los retos jurídicos y técnicos también son evidentes. El pago fraccionado contradice el principio de cumplimiento íntegro de las sentencias judiciales, mientras que la elevada presión presupuestal limita seriamente la capacidad financiera del Gobierno Regional de Loreto. Más del 70 % de su presupuesto se destina al pago de planillas y obligaciones sociales, dejando menos del 30 % para inversión pública. A ello se suma la coexistencia de diversas leyes y decretos que generan procedimientos burocráticos, lentos y, en muchos casos, vulneran el derecho de los acreedores a recibir oportunamente lo ordenado por el Poder Judicial.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal del Gobierno Regional de Loreto, sería financieramente inviable cancelar de manera inmediata toda la deuda social utilizando únicamente recursos regionales. Una decisión de esa naturaleza obligaría a reasignar importantes recursos presupuestales, afectando directamente la ejecución de obras públicas y el funcionamiento de los servicios esenciales del Estado.
Por ello, la solución pasa por una reforma integral, tanto jurídica como técnica, acompañada de una reestructuración presupuestal y normativa que priorice los sectores Educación y Salud, acelere los pagos y garantice el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales. Asimismo, resulta indispensable establecer un mecanismo único que unifique criterios y elimine la actual fragmentación normativa. Del mismo modo, el Gobierno Central debería crear un fondo especial financiado con recursos extraordinarios —como canon, regalías u otras fuentes de financiamiento— que permita atender esta deuda en plazos razonables.
Por eso, señores candidatos, dejen de mentir. También hago un llamado a los dirigentes de los sectores Educación y Salud para que no sean cómplices de promesas inviables formuladas únicamente con fines electorales. La deuda social en Loreto es estructuralmente insostenible bajo el sistema vigente. El sector Educación concentra más de dos tercios de la deuda y la capacidad de pago del Gobierno Regional depende casi exclusivamente de las transferencias del Gobierno Nacional, ya que no cuenta con recursos propios destinados específicamente a este fin.
Mientras no exista un fondo extraordinario respaldado por una reforma normativa de alcance nacional, la cancelación de la deuda social continuará siendo una promesa utilizada en campaña para captar votos. Quienes afirman que resolverán este problema de manera inmediata demuestran un profundo desconocimiento del funcionamiento de la administración pública regional o, peor aún, actúan con evidente oportunismo político. Bajo las condiciones actuales, la cancelación total de esta deuda podría tardar más de cuatro décadas, tiempo que miles de trabajadores y jubilados no pueden seguir esperando.
