- Con la finalidad de poder preservar el ecosistema.
A través del Decreto Supremo Nº 030-2023-EM, se ha dispuesto suspender la admisión de petitorios mineros o concesiones mineras en el área del río Nanay, el distrito de Alto Nanay, provincia loretana de Maynas, por un plazo de doce 12 meses.
El documento indica que esta zona es esencial en recursos naturales y abastece de agua a la ciudad loretana de Iquitos. Además, este río atraviesa la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira.
De acuerdo con especialistas ambientales, ambos sitios albergan ecosistemas frágiles, tales como bosques sobre arena blanca, bosques inundables por aguas negras y bosques de altura en la cuenca alta del Nanay, Pintuyacu y Chambira, así como numerosas especies de flora y fauna endémicas con distribución restringida. Por ende, resalta la importancia crítica de preservar esta área sin actividad minera.
La decisión fue previamente comunicada en la Audiencia Pública realizada por la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología. “Este logro es resultado de la movilización de la población y organizaciones indígenas que rechazaron la minería ilegal e informal, exigiendo la recuperación y remediación de este importante río”, precisó la congresista Ruth Luque.
En Iquitos se realizaron hasta dos movilizaciones para dar a conocer el malestar de la ciudadanía, organizaciones civiles, públicas y privadas, con respecto a la contaminación que se realiza desde hace años en el río Nanay debido a la presencia de dragas ilegales, quienes están dañando el ecosistema a varias comunidades ribereñas.
Estudios recientes revelaron que hasta 11 cuencas amazónicas en Loreto evidencian presencia de minería ilegal, por lo que varias organizaciones se están organizando para prevenir y evitar la contaminación en estas zonas a través de la presencia de involucrados en estos actos contra el ambiente.
Recientemente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto (FEMA), logró la condena de 8 años de prisión efectiva para personas inmersas en este delito, asimismo, el fiscal Carlos Castro señala que continúan un arduo proceso de investigación para desarticular una organización criminal que está detrás de la presencia de dragas. (K. Rodriguez)
