-Señalan que existen muy pocas sanciones administrativas por parte de los gobiernos regionales, provinciales y locales
Articular esfuerzos para mejorar y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de cualquier acto de discriminación y racismo, es lo que viene invocando la Defensoría del Pueblo a través de la oficina de Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
Expresan que hasta la fecha sólo contamos con dos sentencias por discriminación y muy pocas sanciones administrativas por parte de los gobiernos regionales, provinciales y locales, pese a que cuentan con ordenanzas contra la discriminación.
Detallaron que de las 56 ordenanzas municipales y regionales que se conocen en todo el país, la Defensoría del Pueblo ha supervisado 31 de ellas, cuyo resultado reveló que sólo los municipios de Majes (Arequipa), Jesús María y Miraflores han realizado acciones de capacitación y sensibilización, siendo la comuna miraflorina la única que atendió 27 casos de discriminación de diversa índole -entre ellos discriminación racial- de los cuales 7 fueron sido sancionados.
Enfatizan que una de las acciones indispensables que el Estado tiene que liderar es en el ámbito educativo, a partir del cual se desarrollen políticas que permitan la inclusión y valoración de la identidad cultural de colectivos indígenas, andinos o afroperuanos, entre otros. (MIPR)
