Se exige ejecutar de manera eficiente presupuesto de S/ 1,276 575 asignado para cautelar el derecho a la salud de la población indígena en esta región.
Tras una serie de dificultades advertidas en el proceso de vacunación contra el COVID-19 que se viene desarrollando a la población indígena de Loreto, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región demandó a la Dirección Regional de Salud ejecutar, de manera eficiente y transparente, el presupuesto de S/ 1 276 575 que fue transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar el desplazamiento de las brigadas de vacunación hacia las comunidades nativas que se encuentran en zonas más alejadas y de difícil acceso geográfico.
Entre el 23 de septiembre y el 12 de octubre, la Defensoría del Pueblo supervisó a 11 micro redes de salud que tienen a su cargo a un total de 71 establecimientos en los que se atiende a población procedente de 259 comunidades nativas ubicadas en las provincias de Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Datem del Marañón y Loreto. Como parte de los hallazgos, que constan en un informe elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, se identificaron serias dificultades presupuestales y logísticas, así como de falta de personal y de equipamiento médico suficiente.
Los establecimientos de salud de Santa María de Nanay y San Antonio de Pintuyacu, por ejemplo, no contaban con médicos; mientras que los de Buen Suceso, Santa Teresa y Nueva Esperanza no tenían personal técnico ni profesionales en enfermería.
Se identificó también que algunos establecimientos no contaban con equipos de refrigeración para la conservación de vacunas, mientras que otros no habían efectuado el mantenimiento preventivo a dichos equipos, conforme lo señala la Norma Técnica de Salud para el Manejos de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones. Además, en los establecimientos de Pebas, Pucaurquillo, San José de Cochiquinas, San Francisco y Brillo Nuevo, a la fecha de la supervisión aún no se habían instalado los equipos de refrigeración entregados.
Otro aspecto advertido en la supervisión fue la ausencia de personal bilingüe en ciertos establecimientos de las microrredes de Santa Mercedes, Nauta e Intuto. A ello se suma la falta de servicios como electricidad, agua e internet en algunos establecimientos de las microrredes supervisadas, lo que afectaba la conservación de vacunas y el registro de la información. Asimismo, se pudo evidenciar que aún existía resistencia de la población indígena a ser inmunizada debido a la limitada difusión de campañas de sensibilización sobre la importancia de la vacunación, en sus propias lenguas originarias.
Ante estos hallazgos, la Oficina Defensorial de Loreto cursó diversas recomendaciones a la Dirección Regional de Salud de Loreto, en las que exigió garantizar la adecuada implementación del “Protocolo para la Vacunación contra la COVID-19 en Pueblos Indígenas u Originarios” elaborado por el Ministerio de Salud; y asegurar la presencia de personal de salud en los establecimientos de las microrredes supervisadas, así como realizar un trabajo permanente y articulado con las organizaciones indígenas del departamento.
Además, la institución formuló un llamado a la Dirección Regional de Salud de Loreto para que atienda la situación que viene atravesando la microrred de Lagunas, donde se informó que carecían de vehículo y de equipos de refrigeración para garantizar el ingreso de las brigadas de vacunación a las comunidades pertenecientes a su jurisdicción.
La Defensoría del Pueblo continuará desplegando acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a salvaguardar la vida y la salud de la población de Loreto.
