- Ante la confirmación de cuatro casos en Yurimaguas, la institución demanda al Ministerio de Salud y Dirección Regional de Salud que refuercen acciones.
La Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, Gobierno Regional y local a adoptar medidas inmediatas y reforzar la respuesta sanitaria frente al brote confirmado de sarampión en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, donde se han reportado cuatro casos en el distrito de Yurimaguas.
La institución advirtió que esta situación requiere una intervención oportuna, articulada y proporcional al riesgo epidemiológico, orientada a interrumpir las cadenas de transmisión, cerrar las brechas de vacunación y prevenir la aparición de nuevos casos en otras provincias y distritos de la región. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación, por lo que resulta fundamental asegurar una respuesta rápida ante la identificación de casos confirmados.
Este pedido fue formulado tras la participación de la Oficina Defensorial de Loreto en la sesión extraordinaria del Consejo Regional de Salud, realizada el 27 de julio, en la que se evaluó la alerta epidemiológica por el brote confirmado y los avances de las acciones de inmunización desarrolladas en la región. Durante la reunión se destacó la necesidad de fortalecer la respuesta sanitaria mediante una intervención multisectorial y coordinada entre los distintos niveles de gobierno.
Gobierno nacional debe fortalecer la respuesta sanitaria.
La Defensoría del Pueblo considera que las acciones frente al brote no deben recaer únicamente en las capacidades operativas y presupuestales del Gobierno Regional de Loreto. Por ello, solicita al Ministerio de Salud brindar asistencia técnica y operativa inmediata a la Dirección Regional de Salud de Loreto y a los servicios de salud de Alto Amazonas.
Asimismo, se requiere garantizar la disponibilidad suficiente y oportuna de vacunas contra el sarampión, insumos, equipos de cadena de frío, personal de salud, pruebas para el diagnóstico, movilidad, combustible y demás recursos necesarios para el desplazamiento de las brigadas de vacunación y vigilancia epidemiológica.
También resulta necesario intensificar la búsqueda activa de casos sospechosos, la identificación y seguimiento de contactos, la investigación epidemiológica, el diagnóstico oportuno y la vacunación de la población susceptible, priorizando a niños que no cuenten con el esquema completo de vacunación.
La institución exhorta, además, a que el Poder Ejecutivo articule la intervención del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las demás entidades competentes, con el propósito de facilitar el ingreso seguro y oportuno de las brigadas a comunidades indígenas, zonas rurales y localidades de difícil acceso.
Estas acciones deberán incorporar un enfoque territorial e intercultural, mediante la participación de autoridades comunales, líderes indígenas e intérpretes, así como la difusión de mensajes preventivos en lenguas originarias, conforme a las necesidades de cada comunidad.
La Defensoría del Pueblo solicitó implementar una estrategia intensiva de comunicación de riesgo que proporcione información oficial, clara, oportuna y culturalmente pertinente, con énfasis en las localidades donde se han identificado casos y en aquellas que presentan menores coberturas de vacunación.
La institución exhortó a la población a colaborar con las brigadas de salud, facilitar la vacunación de los niños, verificar que cuenten con las dosis correspondientes y acudir oportunamente al establecimiento de salud ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad. También recomendó informarse únicamente mediante los canales oficiales de las autoridades sanitarias, a fin de prevenir rumores y desinformación.
Finalmente, la Oficina Defensorial de Loreto realizará el seguimiento a las acciones adoptadas por el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección Regional de Salud, los gobiernos locales y las demás entidades competentes, con la finalidad de contribuir al control efectivo del brote y garantizar los derechos a la vida y a la salud de la población.
