- Frente a la medida de fuerza que vienen realizando comunidades nativas del distrito de Urarinas, consistente en la restricción del tránsito en el río Marañón.
En el contexto del derrame de petróleo en el Tramo I del Oleoducto Norperuano, ocurrido el pasado 16 de septiembre 2022, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:
“Hacemos un llamado a los apus de las comunidades de Cuninico, San Antonio, Seis de Mayo, Santa Teresa, Nueva Esperanza, San Francisco, Monterrico, Nueva Santa Rosa y de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM), a que depongan su medida de fuerza y a colaborar con las instituciones competentes para que se continúe con las acciones de contención y limpieza ambiental, así como con la provisión de ayuda humanitaria y la misma llegue a todas las personas afectadas, en condiciones de paz social.
Los medios violentos de protesta son inadmisibles y punibles, deslegitiman las demandas sociales y reducen la posibilidad de un entendimiento a través del diálogo.
Exhortamos al Ministerio Público a realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar a los responsables del daño ocasionado al oleoducto Norperuano. Este y los anteriores atentados a la propiedad pública no pueden quedar impunes. El OEFA informó que, desde el 2011 a la fecha, 27 de un total de 32 derrames de petróleo habrían sido causados por cortes intencionales.
Asimismo, pedimos al Gobierno nacional y al Gobierno Regional de Loreto adoptar las medidas que sean necesarias para atender este conflicto a través del diálogo, considerando que este es el mecanismo más idóneo para la solución de los conflictos. En esa línea, instamos a todos los involucrados para que, en dicho diálogo, formulen posturas razonables a efectos de llegar a acuerdos en el marco de la ley.
La Defensoría del Pueblo se mantiene atenta a los acontecimientos y viene interviniendo en el marco de sus competencias.
