- La mayoría de casos está vinculada a problemas socioambientales y reclamos de comunidades indígenas por incumplimiento de compromisos del Estado y empresas.
A pocos días de culminar el año 2025, la Defensoría del Pueblo informó que en la región Loreto se registran 26 casos de conflictividad social, de los cuales 25 se encuentran activos, cinco en condición latente y uno ha sido incorporado recientemente al registro oficial, reflejando un escenario de alta tensión social en la Amazonía.
El nuevo caso identificado está relacionado con el incumplimiento del pago de una deuda a empresas comunales del Lote 192, situación que ha generado protestas de comunidades nativas del distrito de Andoas, donde habitan pueblos Achuar, Kichwa y Wampis, quienes exigen que la empresa estatal Petroperú cumpla con los compromisos asumidos.
Según el balance de la institución, la mayoría de los conflictos sociales en Loreto tiene un componente socioambiental, vinculado principalmente a la actividad petrolera, la minería ilegal, el narcotráfico, la contaminación de ríos y quebradas, así como a disputas territoriales y a la falta de atención sostenida a los derechos de los pueblos indígenas.
La Defensoría del Pueblo advirtió que estos conflictos se desarrollan en un contexto de débil presencia del Estado, especialmente en zonas rurales, ribereñas y fronterizas, donde las brechas en servicios básicos como salud, educación, agua potable y transporte siguen siendo profundas.
Desde la institución se señaló que Loreto enfrenta una crisis estructural de gobernanza, agravada por su extensa geografía y las limitaciones logísticas para garantizar una intervención oportuna del Estado, lo que incrementa el riesgo de que los conflictos sociales escalen hacia medidas de fuerza como bloqueos de ríos o protestas prolongadas.
Ante este panorama, la Defensoría anunció que a partir del año 2026 reforzará su rol preventivo y de mediación directa, amparada en una reciente modificación normativa que amplía sus facultades para intervenir de manera más activa en la prevención de conflictos sociales.
Como parte de esta estrategia, se implementarán nuevos módulos defensoriales en San Lorenzo, en la provincia del Datem del Marañón; El Estrecho, en Putumayo; Caballococha, en Mariscal Ramón Castilla; y Yurimaguas, en Alto Amazonas, con el objetivo de acercar la atención del Estado a las comunidades más alejadas.
El jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, sostuvo que los conflictos sociales son la expresión de demandas históricas no atendidas y remarcó que el reto para el próximo año será fortalecer la prevención, la mediación y la vigilancia ciudadana, a fin de evitar que las tensiones deriven en escenarios de mayor violencia o ingobernabilidad. (K. Rodriguez)
