- Soldado y sus familiares informaron que habría sido agredido y lanzado al río por parte de personal del Ejército, en el Fuerte Militar Soldado Alfredo Vargas Guerra.
Ante el caso de presuntos hechos de violencia en agravio de un soldado del Ejército Peruano, por parte del personal militar en el Fuerte Militar Soldado Alfredo Vargas Guerra, de Iquitos, donde presta su servicio voluntario, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto recomendó a la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, que investiga los hechos, solicitar el apoyo del Equipo Especializado en Evaluación de Delitos contra la Humanidad-Tortura del instituto de Medicina Legal de la ciudad de Lima.
La sede defensorial considera necesario que los expertos efectúen una evaluación médico integral e independiente, que implique un examen físico y psicológico, en atención a la gravedad de las imputaciones.
La Oficina Defensorial también invocó al Ministerio Público a que, durante el desarrollo de las investigaciones, se disponga la aplicación del Protocolo de Estambul, con la finalidad de detectar y documentar hechos que podrían constituir la conducta típica de tortura, previsto en nuestra legislación vigente.
El jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, precisó que se constituyó al domicilio de la madre y padre del soldado agraviado, quienes aseguraron que existieron hechos de violencia en contra de su familiar por parte del personal militar. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo acudió al Hospital Militar, donde se encuentra internada la víctima, para verificar su cuadro médico y comunicar las actuaciones defensoriales.
Según manifestaron los padres del ciudadano, su hijo está hospitalizado porque fue víctima de agresiones por parte de un suboficial del Fuerte Militar y que, además, habría sido lanzado al río cuando realizaba servicio de limpieza. Asimismo, de acuerdo con sus declaraciones, el soldado habría sido rescatado por sus compañeros y que, desde ese momento no recuerda qué pasó, por lo que indican que los problemas de salud mental son a causa de los hechos de violencia, ya que cuando ingresó al servicio militar voluntario su salud emocional era estable.
Los familiares del soldado también señalaron que cuando el ciudadano recibió la visita del médico legista en el Hospital Militar, este no le preguntó sobre los hechos de violencia que habría sufrido, por lo que consideran que no hubo una actuación diligente por parte del especialista.
Además, según indicaron, su hijo ingresó al servicio militar en julio de 2022, salió de visita el 26 de diciembre de ese mismo año y retornó dos días después a su base. Sin embargo, el 20 de enero de 2023, cuando pensaron que no podía salir del cuartel por la crisis social, una fiscal llegó hasta su vivienda para informarles que, durante una diligencia que le hicieron debido a que es testigo en una investigación penal, antes que inicie el servicio militar, observó que el soldado no estaba bien de salud.
Ante ello, refirieron que se comunicaron de inmediato con un compañero de su hijo, quien les informó que, en efecto, este se encontraba delicado de salud, por lo que acudieron al cuartel para entrevistarse con su familiar y que, en este encuentro, el soldado solo lloraba y no podía hablar, hecho que generó su preocupación.
La Defensoría del Pueblo, cumpliendo su rol supervisor y en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se mantendrá vigilante del resultado de las investigaciones que realicen el Ministerio Público y el Ejército Peruano, considerando que hechos como este afectan la dignidad e integridad de la persona y, particularmente, en este caso, afectan también la salud física y mental.
