- A casi un mes de presentada la primera denuncia, no se habrían adoptado medidas de protección para las estudiantes ni dispuesto la separación preventiva del docente, quien también ejerce el cargo de director de la institución educativa.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Loreto, exigió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Maynas adoptar medidas inmediatas para proteger a dos estudiantes de una institución educativa del distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, quienes habrían sido víctimas de presuntos hechos de violencia sexual atribuidos a un docente que, además, ejerce el cargo de director del plantel.
La primera denuncia fue presentada el 18 de setiembre de 2026 y registrada en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación. Posteriormente, se reportó un segundo hecho presuntamente atribuido al mismo docente. No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que la documentación fue remitida a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) recién el 30 de setiembre, doce días después de presentada la primera denuncia.
Asimismo, durante las actuaciones de supervisión, no se habría evidenciado la adopción de medidas de protección a favor de las estudiantes ni la separación preventiva del docente denunciado.
Ante esta situación, la institución recomendó a la UGEL Maynas disponer la separación preventiva del docente, conforme al marco normativo vigente, y garantizar la continuidad del servicio educativo, evitando cualquier afectación al derecho a la educación de las estudiantes.
Asimismo, solicitó garantizar el acompañamiento psicológico a las menores de edad y la reserva de su identidad; comunicar los hechos a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Centro Emergencia Mujer, la Defensa Pública de Víctimas y la DEMUNA de Fernando Lores, según corresponda; determinar las responsabilidades por la demora en la atención de las denuncias, y asegurar que la CPPADD cuente con los recursos necesarios para desarrollar las investigaciones con la debida diligencia.
“Frente a denuncias por presunta violencia sexual contra estudiantes, las autoridades educativas deben actuar de manera inmediata y diligente, priorizando la protección de las víctimas y evitando su exposición a nuevos riesgos. El interés superior del niño exige respuestas oportunas y medidas concretas que garanticen su integridad y el ejercicio de sus derechos”, señaló Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo otorgó a la UGEL Maynas un plazo de cinco días hábiles para informar sobre las acciones adoptadas y anunció que continuará supervisando el caso hasta verificar la implementación de las medidas recomendadas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
