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Defensoría del Pueblo exhorta a erradicar toda forma de tortura y malos tratos en instituciones públicas

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  • En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la entidad recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas bajo su custodia

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, celebrado ayer 26 de junio, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, recordó que toda forma de tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentran absolutamente prohibidos por la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por el Perú.
El funcionario explicó que la tortura no solo comprende las agresiones físicas, sino también cualquier acción que provoque sufrimiento psicológico o mental cuando intervenga un funcionario público o este permita que tales hechos ocurran. Precisó que estas conductas pueden presentarse en establecimientos penitenciarios, comisarías, carceletas judiciales, centros juveniles y centros de atención residencial.
Chiroque señaló que la Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realiza supervisiones permanentes en estos establecimientos para verificar que se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad o bajo custodia del Estado.
Durante estas intervenciones, indicó que se han detectado casos de personas que permanecieron por periodos prolongados en carceletas judiciales, incluso menores de edad, situación que calificó como preocupante al considerar que excede los plazos establecidos por la legislación para el traslado de requisitoriados.
Asimismo, recordó que el Estado peruano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y encomendó a la Defensoría del Pueblo la implementación del mecanismo encargado de supervisar estos espacios y emitir recomendaciones para prevenir vulneraciones a los derechos humanos.
Finalmente, el jefe de la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las instituciones públicas y a la ciudadanía a promover una cultura de respeto a la dignidad humana, recordando que ninguna persona puede ser sometida a actos de violencia física o psicológica bajo ninguna circunstancia. (K. Rodriguez)

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