- Exige mayor responsabilidad a los actores.
- Hace un mes se inició la medida de fuerza. El riesgo de enfrentamiento se mantiene.
- Principal demanda se asocia a la administración indígena del fondo social.
A un mes de iniciada la medida de fuerza puesta de manifiesto en la toma del control de los muelles y acceso al campamento del Lote 95, ubicado en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena, región Loreto, y cuya titularidad de licencia recae en la empresa PetroTal, la Defensoría del Pueblo exigió más responsabilidad a las partes en conflicto y retomar el diálogo que permita encontrar salida a los graves problemas que representan para la población de la zona estar privada de su acceso a movilizarse y abastecerse de los productos para atender sus necesidades de alimentación y salud.
El distrito de Puinahua está conformado por 19 pueblos, 17 de los cuales pertenecen al ámbito rural, y ninguno cuenta con el paquete integrado de servicios. Dicha localidad alcanza una población aproximada de 4372 personas, el 42,37 % de esta se encuentra en situación de pobreza. Su municipalidad distrital recibió S/ 719 911 en 2021 por concepto de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, logrando ejecutar el 69,1 % de dicho presupuesto.
Por su parte, el centro poblado de Bretaña cuenta con una población de 1686 de habitantes, es parte del área de influencia directa de este Lote (cuya capacidad de producción llegó a 20.000 barriles en enero último), mientras que la zona de influencia indirecta está conformada por 14 localidades, de las cuales 11 son comunidades nativas del pueblo Kukama Kukamiria, con 2228 habitantes.
A lo largo de estas últimas semanas, el Gobierno central ha mostrado su voluntad de atender las demandas de la organización indígena a través de diversas reuniones, convocadas tanto de manera presencial como virtual, con participación de ministros de Estado; sin embargo, no se ha logrado llegar a acuerdos, incrementándose la tensión en la zona, que desde hace unos días cuenta con una mayor presencia policial.
La Defensoría del Pueblo advierte, de manera enfática, la necesidad de asumir con la mayor responsabilidad las oportunidades de diálogo que se abren, y no seguir manteniendo una situación de alto riesgo que podría derivar en un enfrentamiento entre sectores sociales del mismo distrito o con la policía nacional.
Cabe indicar que la medida de fuerza tomada por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAD) también afecta la integridad, seguridad y libertad de desplazamiento de las/os más de 400 trabajadoras/es que se encuentran dentro de las instalaciones petroleras.
AIDECOBAP exige el cumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de la empresa referidos al desembolso pendiente por la elaboración de expedientes técnicos, además de la ejecución del fondo social del 2.5 % de barriles fiscalizables como un acuerdo bilateral entre la empresa y la organización indígena, así como la no criminalización de la protesta.
El 16 y 17 de marzo, un equipo de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la localidad de Bretaña, con la finalidad de recabar información de manera directa sobre la situación, así como recoger las necesidades y condiciones de vida de la población, advirtiendo profundas limitaciones, precariedades y deterioros en la infraestructura de las escuelas y centros de salud de la localidad, como por ejemplo la falta de mobiliario escolar, la ausencia de materiales educativos a puertas de inicio del retorno a clases, ausencia de medicamentos y personal de salud.
Asimismo, se constató que ante la medida de fuerza iniciada por AIDECOBAP, la población mestiza de Bretaña, se agrupó bajo la denominación de Junta de Autoridades de Puinahua, quienes también permanecen en el frontis del campamento, a pocos metros de la ubicación de la población indígena, lo cual incrementa el riesgo de enfrentamiento entre los pueblos hermanos del mismo distrito.
La Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse sin violencia y todos los actores involucrados deben respetar los derechos humanos. El bloqueo de las vías fluviales e infraestructura portuaria afecta el derecho a circular libremente, a acceder a alimentos, al trabajo, entre otros.
Por ello, se recomienda el desplazamiento de una comisión de alto nivel a la localidad de Bretaña, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, a fin de retomar el diálogo en el más breve plazo. En atención a lo anterior, se demanda el levantamiento inmediato de la actual medida de fuerza y la disposición responsable por parte de los diversos actores del conflicto para reanudar el diálogo y alcanzar acuerdos definitivos.
