- La institución advierte sobrecarga fiscal, demoras de hasta dos meses en pericias psicológicas y solo dos cámaras Gesell, así como falta de movilidad para proteger a niños y adolescentes víctimas de violencia.
La Defensoría del Pueblo en Loreto recomendó al Gobierno Regional, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adoptar medidas inmediatas ante las graves deficiencias identificadas en los servicios de atención y protección de víctimas de violencia en la región.
A través del Oficio N.° 1193-2026-DP/OD-LORETO, la Oficina Defensorial de Loreto alertó sobre la sobrecarga de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, que registra 3416 carpetas fiscales en trámite. Con 13 fiscales, ello representa un promedio de 260 investigaciones por fiscal, una carga que dificulta garantizar una atención adecuada y oportuna a las víctimas.
La supervisión defensorial también constató una reducción del personal de psicología de la Unidad Médico Legal de Loreto, que pasó de 11 a 8 profesionales. Esta situación ha dejado inoperativa una de las tres cámaras Gesell disponibles y genera demoras de hasta dos meses para las pericias psicológicas y entrevistas únicas, especialmente en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.
Asimismo, se verificó que la Unidad de Protección Especial (UPE) Loreto y la Comisaría PNP de Familia no cuentan con vehículos propios para el traslado y protección de menores de edad víctimas de violencia. Además, permanecen pendientes desde 2024 las necesidades de implementar un equipo multidisciplinario para la atención durante el turno noche, domingos y feriados en la UPE Loreto.
De acuerdo con cifras del Programa Warmi Ñam, más del 80 % de las víctimas de violencia en Loreto son mujeres y más del 40 % son menores de edad. Entre enero y junio de 2026 se registraron 1577 casos de violencia, de los cuales el 24 % correspondió a violencia sexual. En ese mismo periodo, el Sistema de Certificado de Nacido Vivo reportó 2728 embarazos adolescentes en la región, 177 de ellos en niñas de 11 a 14 años.
“La situación advertida vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la vida, a la salud y a vivir una vida libre de violencia. Exigimos a las autoridades competentes una respuesta articulada e inmediata”, señaló Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó al gobernador regional de Loreto disponer una movilidad para la UPE y la Comisaría de Familia, apoyar presupuestalmente la implementación del equipo multidisciplinario de la UPE y convocar al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) para hacer seguimiento a la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), pendiente desde 2024.
A la Junta de Fiscales Superiores se le recomendó evaluar el incremento de fiscales y personal de apoyo, así como resolver la solicitud de desactivación de la Fiscalía Especializada, también pendiente desde 2024. Al presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto se le solicitó priorizar la creación de los órganos jurisdiccionales especializados necesarios para la implementación del SNEJ.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas de violencia y continuará supervisando la respuesta de las entidades competentes, a fin de que se adopten medidas oportunas, articuladas y efectivas que garanticen una atención adecuada, especialmente para niños y adolescentes.
