- Se presentaron resultados de supervisión a 40 instituciones educativas en reunión interinstitucional por la educación.
- En 8 de las 40 instituciones educativas supervisadas en 2023 se detectaron cobros irregulares en el proceso de matrícula.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto expuso los resultados de las supervisiones efectuadas a las instituciones educativas de la región durante la reunión interinstitucional «Diálogo por la Educación: Retos y Desafíos para el 2024», la cual fue convocada por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. La Contraloría General de la República, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Regional de Loreto, el Sindicato Único de Trabajadores del Educación y representantes de Unicef también participaron en la jornada.
El jefe de la Oficina Defensorial, Abel Chiroque, informó que se identificó que en los colegios de la zona rural no se cumplió con la entrega de materiales educativos y se verificó que las condiciones de almacenamiento de los productos del programa de alimentación escolar Qali Warma no eran las adecuadas.
Asimismo, que en 8 de las 40 instituciones educativas supervisadas se detectaron cobros indebidos durante el proceso de matrícula escolar, condicionando el acceso y continuidad de la educación al pago de aportes voluntarios y por ingreso, cuotas extraordinarias y de inscripción, entre otros conceptos.
Se trata de l. E. n.° 691481 Madre Teresa Calcuta, I. E. Loreto, I. E. María Reiche, I. E. n.° 60756 Claverito, I. E. República de Venezuela, I. E. n°. 348 Delia Perea Torres, I. E. Victoria Barcia Boniffatti y C. N. I. Iquitos, donde se exigía un pago de S/ 100 por una vacante para el primer año de secundaria.
Del mismo modo, se constató que en la Institución Educativa Miguel Acosta Oyarce de Caballococha, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, un total de 90 estudiantes reciben clases en tres aulas de infraestructura de madera, sin cielo raso, que se inundan durante el periodo de lluvias. Situación que constituye una afectación del derecho de las y los estudiantes a disponer de un local escolar seguro y acondicionado para el servicio educativo.
Igualmente, el titular de la Defensoría del Pueblo en Loreto explicó que a inicios del año escolar 2023 se recomendaron acciones a la Dirección Regional de Educación ante las anomalías advertidas en la región Loreto en el curso de las intervenciones del año lectivo 2022, como el tema de la reinserción escolar.
En ese sentido, precisó que resultó preocupante que un total de 6208 estudiantes no hayan accedido al servicio educativo en ese año y que 3296 planteles no tuvieran saneamiento físico legal. Igualmente, refirió que se reportaron 241 casos de violencia escolar y que 11 colegios realizaban condicionamientos en el proceso de matrícula.
De otro lado, señaló que durante la cita se aceptó la propuesta de la institución, de que los resultados de los informes de la Defensoría del Pueblo, así como de la Gerencia Regional de Educación, Contraloría, Sute Loreto, Unicef y del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), sean expuestos en el Consejo Regional para solicitar un acuerdo de esta instancia normativa y fiscalizadora respecto a la ejecución de un plan de acción para superar las deficiencias y problemas advertidos en el inicio del año escolar 2023, y proyectando el trabajo para el 2024.
