– Por el caso de presunta tortura a soldado Ludwin Ayambo
Ayer en la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se realizó la audiencia que duró aproximadamente tres horas, donde el doctor Salomón Lozano, abogado defensor del comandante EP Manuel Mattos Rodríguez, presentó y sustentó las conclusiones de su defensa.
El letrado Salomón Lozano en su intervención, dijo, no está probado que el imputado mandó a llamar al supuesto agraviado a su habitación y una vez en su presencia, procedió a agredirle verbal y físicamente, dándole un fuerte golpe en la boca del estómago que paralizó su respiración procediendo a quitarle tres llaves que portaba, introduciéndoles en la boca, cayendo uno al suelo, en tanto que las dos se las hizo “tragar” a la fuerza empujándolas con el dedo hacia el interior de la boca, por lo que el supuesto agraviado se puso a llorar, según acusación fiscal escrita.
De estas acusaciones, el supuesto agraviado se encontraba estable según lo expresó el doctor Henry Goyzueta del Hospital Iquitos, según su informe médico, además que el presunto imputado no presentó lesiones antiguas ni recientes conforme al certificado médico legal, que ha sido ratificado en juicio oral, que no ha sido objeto de cuestionamiento.
Además, el abogado Salomón Lozano dijo, que el supuesto agraviado ingirió por sí solo las llaves según lo referido por el mismo a la doctora Evelyn Caballero Villar, lo que se consignó en sus historia clínica del Hospital Regional Santa Rosa.
Indicó, asimismo, el letrado que Ludwin Ayambo tuvo una hospitalización por intoxicación por carbonato con intento de suicidio en diciembre del 2009.
Además, estaba probado que el supuesto agraviado estando en guardia libó según la versión de los testigos y que debido a su evasión tuvo varias papeletas de arresto o amonestación.
Finalmente, el letrado dijo que las declaraciones dadas por Ludwin Ayambo no es verosímil, por lo que es incongruente, entre otros documentos probatorios que demuestran que el comandante EP haya cometido falta contra el presunto agraviado.
Por su parte, el doctor Luis Alberto Fernández Palma, representante del procurador público, fue enfático en señalar que en el presente caso no está probado que haya existido el abuso de autoridad o que éste hubiese sucedido en el cuartel militar. De igual modo, señaló que en el Ejército del Perú existen normas internas de estricto cumplimiento relacionado a la prohibición al abuso de autoridad, siendo de responsabilidad de cada comando de repartición militar, no permitir que exista algún caso de abuso de autoridad.
Este proceso que ya tiene más de cuatro años, ha establecido que el lunes 24 de noviembre a las 02.30 pm. se debe leer la respectiva resolución y la conclusión del caso.
