- Según el Informe Defensorial 001-2023, dado a conocer el día de ayer.
Por lo que tienen toda la razón las comunidades indígenas de la zona de influencia petrolera, en decir que están abandonadas por el Estado.
En dicha reunión para conocer el Informe trabajado por Defensoría del Pueblo, llegó a Iquitos el Defensor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. La actividad empezó con las palabras de bienvenida del Defensor del Pueblo de Loreto, Dr. Abel Chiroque Becerra, quien dijo que el Estado es el llamado a atender de manera oportuna las alertas dadas a conocer por la Defensoría.
Luego se dio a conocer la parte principal del Informe Defensorial 01-2023 denominado: “El acceso al agua potable y saneamiento en poblaciones vulnerables, el caso de las comunidades indígenas de las cuatro cuencas en Loreto”.
Dicha exposición en el principal auditorio del Hotel Hilton, estuvo a cargo de Lissette Vásquez Noblecilla, adjunta para el medio ambiente y servicios públicos e indígenas.
“En Loreto un 43.7% de su población no cuenta con acceso a agua a través de red pública. Y un 25.1% carece de los servicios del alcantarillado, lo que se agudiza a causa de las diversas contingencias ambientales y sociales que afectan con mayor preponderancia a las poblaciones del ámbito rural, como en el caso de las localidades indígenas.
Ahí se presentan altos niveles de vulnerabilidad debido a las graves condiciones ambientales y sociales a las que se encuentran expuestas. Este es el caso de las comunidades de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (Cuatro Cuencas) de Loreto.
A causa de la falta de acceso a servicios básicos, los impactos de los constantes derrames de petróleo en las fuentes de recursos hídricos y la escasa presencia estatal, presentan dificultades para mejorar su calidad de vida, siendo constantemente vulnerados su derecho humano al agua potable y al saneamiento, así como al goce de un medio ambiente sano y equilibrado.
El 10 de marzo del año 2015, los representantes de las comunidades de las cuatro cuencas, del gobierno nacional y del gobierno regional de Loreto, suscribieron el Acta de Lima, un documento que deja constancia de la adopción de compromisos estatales para brindar atención a las principales demandas sociales de dichas comunidades. Entre los compromisos asumidos están los referidos al servicio de agua y saneamiento, cuyo cumplimiento está a cargo del ministerio de vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural en 65 localidades.
-Sobre los avances en la ejecución de los 65 sistemas definitivos de agua y eliminación de excretas, el MVC reporta que 56 proyectos se encuentran a su cargo y los 9 restantes a cargo de los gobiernos locales que no han sido identificados. A la fecha solo 8 proyectos definitivos para que las comunidades cuenten con agua, han sido cumplidos. De los 65 sistemas”, puntualiza el Informe.
Luego de darse a conocer el mismo, se informó sobre las recomendaciones que Defensoría del Pueblo ha hecho a diversas entidades estatales para que aseguren la pronta instalación de los sistemas de agua y saneamiento en las comunidades indígenas de las cuatro cuencas.
Al ministerio de vivienda, cumplir con los acuerdos del Acta de Lima. Levantar las observaciones a los proyectos paralizados y brindar acompañamiento técnico a las unidades ejecutoras. Diseñar y aprobar un mecanismo de participación y/o consulta previa en el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento. Cumplir con la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Y reforzar el cumplimiento de los componentes social y cultural para la elección de las opciones tecnológicas de los sistemas de agua y saneamiento.
A la presidencia del consejo de ministros: Impulsar la generación de espacios de diálogo a cargo del ministerio de vivienda, a fin de asegurar la efectiva participación de las comunidades indígenas en los proyectos de inversión que se desarrollen en sus territorios, en el marco del Plan de Cierre de Brechas. Promover la aprobación de la normativa necesaria para asegurar la participación de las comunidades indígenas y de las organizaciones que las representan en la ejecución de los proyectos de inversión de agua y saneamiento.
Al ministerio de salud, garantizar el monitoreo y la vigilancia de la calidad sanitaria del agua y el seguimiento de las EDAS en el ámbito rural de Loreto. Remitir de manera periódica dicha información al ministerio de vivienda para la elección adecuada de los sistemas de tratamiento de agua.
Participar en los espacios de diálogo intercultural con las poblaciones de las Cuatro Cuencas, para informar sobre los resultados del monitoreo de la calidad del agua y la situación de las EDAS. Así como a Contraloría para que realice el control concurrente del servicio de operación y mantenimiento de las 64 plantas de agua provisionales, hasta la implementación de los sistemas de agua definitivos”, suscribe el informe entre otros aspectos importantes.
Finalmente, habló el Defensor del Pueblo, en un discurso de gran defensa a las comunidades indígenas. También absolvió algunas preguntas, en mayoría, provenientes de los representantes de dichas comunidades. La prensa que acudió, fue poca.
