En lo que podría considerarse como un premio a los actos terroristas, asistimos en estos tiempos a una forma de sentencias que aplica la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a los estados miembros, en el caso de pagos indemnizatorios a quienes cumplen sentencia por haber destruido cuantiosa infraestructura perteneciente al país, además de haber asesinado a miles de peruanos indemnes, mediante crueles métodos de exterminio genocida.
Con un inimaginable derroche de sarcasmo e irresponsable análisis dizque justiciero, la CIDDHH ha ordenado al Estado peruano, como miembro de tal institución, a pagar cuantiosas sumas de dinero a un sinnúmero de sentenciados por terrorismo, asesinatos y violación de las leyes peruanas.
Por increíble que parezca, tales sentencias que van acompañadas de una obligada reparación civil a favor del estado, es decir de todos los peruanos, da la impresión que no es válida para la CIDDHH, que a la hora de sentenciar económicamente a un país, en este caso el Perú, sólo ve la ventaja que favorece al delincuente, sin tener en cuenta la deuda que el sentenciado tiene con el país por los delitos cometidos.
El tema sin duda es bastante controvertido, pues en el caso de nuestro país que vivió más de 20 años de terror, al caer las cúpulas senderistas, luego de costosos operativos, asesinos fueron juzgados y sentenciados bajo los dictados de las leyes peruanas, las que aplicaron la ley en su justa y real dimensión; y entonces la CIDDHH no opuso ninguna objeción a ninguna de las sentencias, porque indudablemente estaban ajustadas a las leyes nacionales.
Por eso y aplicando un raciocinio centrado en la realidad de los acontecimientos, pedimos que los señores que componen la citada corte internacional, por qué no exige que los culpables de las muertes que enlutaron al país, cumplan con el pago de reparación civil a que se hicieron acreedores por sus infamantes actos genocidas y sin embargo ordena que se indemnice, curiosamente, sólo a los sentenciados por terrorismo. Curioso, ¿verdad?
Esta inquietud de nuestros lectores, nace a raíz de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó el pago de 30 mil dólares a favor de la emerretista Lori Berenzon y a dos terroristas más. Somos sinceros en señalar que no entendemos qué fuerzas misteriosas han influido en la Corte Internacional para, prácticamente, desconocer el criterio de justicia de todo el poder judicial de un país. Creemos que la interrogante debe ser respondida en lenguaje claro y preciso, porque así lo exige un país a quien los delincuentes del país, le adeudan 3 mil millones de soles, hasta ahora amortizados por sólo 215 mil soles.
