Tras la agonía del SNIP al haber cumplido largamente con su ciclo y que pese a los constantes reclamos de los técnicos de las municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales, seguía en vigencia sin asomar la forma de mejorar el sistema que se había convertido en un entrampamiento para los proyectos. Incluso se deslizaba que era una “gran mina” para ciertos funcionarios de ministerios prestos a destrabar los trámites. Otro foco de corrupción del Estado contra el propio Estado.
Cuántas veces hemos escuchado a alcaldes loretanos que tenían y tienen que viajar constantemente a Lima para realizar los trámites de los proyectos que presentan y darle su “empujadita”, claro esto último como un secreto a voces. Pero, como no se puede probar, seguro que casi todos negarán que esto suceda, aunque ya estamos grandecitos y más maduros como para decir las cosas de frente porque las evidencias nos respaldan. Solamente investigando sobre la ostentación económica de funcionarios e incluso personal de menor jerarquía, que no justifica sus ingresos.
Es que estamos inundados de corrupción, como si hacer plata no tuviera otros caminos democráticos en el marco de la libre competencia. Tal vez no, pero el fin no justifica los medios. El problema es que el círculo es vicioso y el gobierno nacional tiene la oportunidad de su vida con la dación de facultades legislativas para sentar las bases a fin de iniciar el enderezamiento de los entuertos. En uno de esos ya habían convertido al famoso SNIP desnaturalizando su objetivo. Esto se inició en Lima y no en otras ciudades del país. Cuando la matriz está mal, todo empieza a tambalear.
Es innegable que cada uno de los peruanos anhelamos tener el mayor ingreso posible para nuestras vidas y familias, por lo que la distribución equitativa de la riqueza del país es fundamental, para que no aparezcan mentes desadaptadas que aprovechándose de ese “caldo de cultivo”, de ese sector descontento y desesperanzado, quieran imponer ideas a punta de garrote traducida en violencia. Estamos a tiempo, antes que el monstruo de la corrupción no sea un buen pretexto o una sólida razón, en el marco de un profundo análisis, para atisbos extremistas.
Si bien destrabar la gestión para la aprobación de proyectos (obras) se aprecia sinceramente, necesitamos que los gobiernos responsables de las mismas nos garanticen un debido proceso de licitación y la calidad de las ejecuciones, que no nos lleven a absurdos arbitrajes por procesos viciados claramente con signos de corruptelas y a obras que al poco tiempo muestren errores constructivos. Es importante que el gobierno nacional complete la cadena de la liberación de proyectos encarpetados, con que los mismos deriven en exitosos por su perdurabilidad en el tiempo.
Basta ya de grandes inversiones en obras descartables, y peor aún, millonarias inversiones en obras que no terminan como el caso la PTAR de Iquitos -un “monumento” a lo más descarnado de la corrupción- y sin responsables sancionados desde lo regional hasta lo nacional. Completando la cadena con que los corruptos sancionados nunca más vuelvan a la administración pública. Hagamos que se respete al Estado.
