- La familia vive en la comunidad nativa de Pucaurquillo, en el distrito de Pebas, provincia Mariscal Ramón Castilla
La familia Prado Rivera vive en la desesperación desde hace cuatro meses, cuando cuatro de sus integrantes desaparecieron sin dejar rastro alguno. Habían sido víctimas de un incendio en el Puerto de Masusa y sus restos se encontraban como NN en la morgue de Iquitos. Las características coincidían, pero por procedimientos legales debían hacer una homologación de ADN para confirmar el parentesco.
Este caso estuvo inicialmente en manos de la fiscal María Celis Rengifo, quien pese a que se le solicitaron reiteraciones no le dio el seguimiento correspondiente. Se esperaba que esta situación cambie con la asignación del fiscal Ulises García Rivasplata, lo que tampoco sucedió. Sumado a esto, el Ministerio Público se muestra aún más indolente, ya que no responden las llamadas en la línea de mesa de partes ni da ningún tipo de atención a los familiares.
«Son cuatro meses que no sabemos nada de los restos de nuestras hermanas, ya es tiempo de que nos entreguen. Si bien es cierto, ya de Lima han enviado a la Fiscalía en Iquitos (la homologación), no sé qué cosa están esperando acá. Nosotros somos una familia humilde, nosotros no tenemos plata y quizá ellos necesitan plata. Yo como hermana mayor, acompañada de mi mamá, exijo que se haga la entrega», manifiesta Manuela Prado Rivera, hermana de las víctimas.
«También quiero dejar presente que, como burla, el hospedaje en el que murieron quemadas mis hermanas ya se está reconstruyendo. Aquí no hay justicia. Mis hermanas no eran animales que nosotros las vamos a dejar así y que ellos van a seguir como si nada. Queremos justicia, queremos que nos entreguen sus cadáveres»; agregó.
La familia vive en la comunidad nativa de Pucaurquillo, en el distrito de Pebas, provincia Mariscal Ramón Castilla (MRC) y su estadía en Iquitos viene corriendo por cuenta propia ya que no tienen ningún familiar que los acoja. Es por esto que, desde ORPIO, se le está bridando acompañamiento legal y emocional a nuestros hermanos indígenas bora para que continúen en su incansable labor y puedan retornar a su pueblo con los restos de sus familiares.
En ese sentido, desde nuestra organización, le exigimos al Ministerio Público que actúe con celeridad y que deje la indolencia de lado. «Ya basta de tanta espera, el Ministerio Público hace caso omiso a todas nuestras solicitudes. ¿Acaso nos ignoran porque somos indígenas? ¿Qué más espera la Fiscalía para entregar los restos de nuestras hermanas? Dejen de ser tan indolentes y atiendan los requerimientos de esta familia», expresó Zoila Merino Roque, secretaria de Economía de ORPIO.
(C. Ampuero)
