- Expresó el consultor y asesor indígena Gonzalo Marsá, frente a los fiscales superiores.
Puesto que existe el DU 026-2010 que manda a las municipalidades de la zona de influencia petrolera, dar el 5% del canon para el desarrollo de las comunidades indígenas.
Indica el Decreto de Urgencia Nº 026-2010, que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales destinarán el 10% y 5%, respectivamente, de los fondos que les son asignados por concepto de canon y sobre canon petrolero, a favor de las comunidades nativas.
Consecuentemente, la ley obliga a las municipalidades a invertir un porcentaje de lo que reciben por canon y sobre canon, en proyectos en favor de las comunidades nativas afectadas por la actividad de explotación petrolera en sus territorios.
La ley es explícita en el modo de dar cumplimiento a este derecho declarativo a través del artículo 2 del Decreto de Urgencia No 026-2010- DU. Sin embargo, por años los alcaldes no han venido destinando ese presupuesto.
Gonzalo Marsá, explicó más el tema, antes del encuentro de representantes de comunidades indígenas, con fiscales superiores.
“Este no es un evento académico, ni de debate. Es una reunión sumamente ejecutiva porque se va a pedir al ministerio público que ejerza sus funciones en aras de salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas. No se le pedirá otra cosa más que ejercer sus funciones y tutele el presupuesto público.
Se debe llegar a compromisos, a acuerdos y un vínculo para que el ministerio público ejerza sus funciones y garantice que los municipios cumplan con la ley y atienda lo que establece el ordenamiento jurídico con respecto al canon.
El tema lleva sin tocarse casi 20 años. Nunca ninguna municipalidad ha reconocido el porcentaje de canon a las comunidades nativas, es un tema fundacional. Que la fiscalía se apersone a la causa y tome cartas en el asunto.
Cuando los alcaldes no destinan el 5% del presupuesto del canon, lo que cometen es malversación, nadie les da. El gobierno regional lo hace porque lo demandaron ante el poder judicial y se puso a ley, ahora cumple con el 10% del canon de manera religiosa.
Los alcaldes no cumplen con el DU 026-2010, es algo impune porque eso se llama malversación de fondos y le compete a la fiscalía quien los debe amonestar, advertir a todas las municipalidades que esa figura está dentro de los delitos y tienen que atenerse a ello” explicó claramente Marsá.
